domingo, 10 de septiembre de 2023

A 50 años de la fundación de CTERA: otro sindicalismo y otro proyecto de educación

 

A 50 años de la fundación de CTERA: otro sindicalismo y otro proyecto de educación*

    

                                                                                                                      Laura Marrone

Este 11 de setiembre se cumplen 50 años del congreso fundacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizado en 1973 en la escuela 4 del DE 16 de Ciudad de Bs As. Este hecho marcó un hito histórico en la conformación de una organización sindical democrática y de un proyecto educativo verdaderamente público y de defensa del derecho a la educación. En momentos en que la mayoría de los candidatos presidenciales hacen eje en la necesidad de cambiar la educación pero en el sentido contrario, buscando profundizar el elitismo para las clases altas y la precariedad educativa para los sectores trabajadores y populares existente, recordar la fecha es un llamado a recuperar las bases de ese proyecto de sindicalismo y de educación hoy en cuestión.

El post Cordobazo había abierto un período de ascenso de luchas docentes, obreras y estudiantiles que terminó derrocando a la dictadura militar de entonces. La docencia se había sumado a este proceso adoptando los métodos de la clase trabajadora para la defensa de sus derechos laborales y de la educación pública. Con paros, movilizaciones y luchas unitarias con familias y estudiantes había derrotado el proyecto de Ley Orgánica de la Educación propuesta por Astigueta del entonces dictador Onganía. La reforma propuesta pretendía reducir la escuela primaria a 5 años e instalar un modelo educativo que acentuaría la reproducción del carácter de mano de obra con formación elemental para los sectores más desfavorecidos.

La necesidad de confluir en una organización común a nivel nacional entre quienes se oponían a la reforma educativa de Astigueta y por la defensa de los derechos laborales entonces atacados, alienta la conformación del Acuerdo de Nucleamientos Docentes (AND) en 1970 en Córdoba. Inicialmente lo integran las 4 organizaciones más importantes: CAMYP, CCID, CGERA y UNE. 

El acuerdo impulsa dos tipos de acciones: los primeros paros nacionales y la convocatoria a congresos donde se debate un proyecto de ley de educación alternativo a la reforma del gobierno. El 18 de noviembre de 1970 el AND convoca al primer paro nacional de la docencia unificada que tiene alto acatamiento. El segundo paro nacional fue en junio de 1971 que logra la suspensión de la reforma por parte del entonces ministro de Educación, Malek. Estas medidas marcan el inicio del protagonismo gremial docente en la escena política nacional y abren el camino a la formación de la unidad docente nacional que desembocará en la fundación de CTERA.

En octubre de 1970 se realiza el primer congreso convocado por el AND. El segundo es en abril de 1971 en Mendoza, provincia que es el foco de la lucha más fuerte contra la reforma y centro de otro levantamiento semiinsurreccional, el Mendozazo. Los otros dos, en 1972 en Rosario y en Córdoba. En marzo, el congreso de Rosario se realiza con el telón de fondo de la lucha de los docentes de Mendoza que no han iniciado las clases y ante una concentración de 4.000 docentes, que reclaman porque se concrete la unidad del gremio a nivel nacional. Dicho congreso no concreta la unificación pero logra articular una resistencia a la reforma promoviendo la unidad de docentes, estudiantes, familias y sindicatos. Luego de la derrota de la reforma, los congresos continúan elaborando bases programáticas para una nueva ley de educación. Se referencian en la Ley 1420 de Educación primaria común como matriz fundante de su propuesta. Sostienen que la educación debe tener carácter de laica, no dogmática, pública, no privada. 

Dado que algunas de las corrientes internas del AND no quieren la unidad más allá del discurso, algunas asociaciones provinciales, fundamentalmente ligadas a distintos sectores del peronismo, deciden constituir otra entidad.  El 1,2 y 3 de junio se realiza en Córdoba el congreso constitutivo de un nuevo nucleamiento nacional, la Central Unificadora de los Trabajadores de la Educación (CUTE).  Asisten al congreso fundacional el Sindicato Magisterio y Unión de escuelas normales, ambos de Mendoza, Asociación de docentes provinciales de Cuyo, Agremiación  de maestros provinciales y nacionales de San Luis, maestros y profesores de San Juan, las federaciones de docentes de la Pampa y Rio Negro, las asociaciones de docentes de Santa Cruz y Neuquén, los maestros nacionales de Catamarca, los suplentes del Chaco, los maestros de Santiago del Estero, y las nuevas asociaciones:  Sindicato de educadores privados de la provincia  de Córdoba (SEPPAC), el Sindicato de trabajadores de la Educación de Rosario (SINTER), y las secciones expulsadas de la FEB de los más importantes distritos de la provincia de Buenos Aires (Matanza, Gral. Sarmiento, Almirante Brown y San Isidro).  En total, 27 agrupaciones.[1]

Las nuevas entidades, SINTER, AUDEC y SEPPAC, surgidas en el post Cordobazo, tienen algunas características en común.  Se trata de sindicatos que comparten la concepción de que los docentes son trabajadores de la educación. Impulsan asambleas de base como forma de resolución de las medidas de lucha para la defensa de los derechos laborales docentes, la formación de una central única de trabajadores de la educación, la unidad con el movimiento obrero y, por tanto, promueven el ingreso a la CGT. Junto a entidades de base disidentes de la FEB representan una nueva camada de jóvenes que dan impulso al gremialismo docente. Son un componente central de la naciente CUTE.[2]

El Sindicato de trabajadores de la educación de Rosario (SINTER) se funda en octubre de 1971 en una asamblea realizada en la sede del sindicato bancario. Esto ocurre en ese lugar pues quienes tienen el control de la Casa del Maestro se niegan a abrir sus puertas a las nuevas camadas docentes. La asamblea vota adherir al paro de 48 hs del AND. La nueva entidad promueve la constitución de un cuerpo federado con el resto de los departamentos de la provincia y junto a SINTE de Santa Fe y otros organizan FUSTE (Federación unitaria de Sindicatos de Trabajadores de la Educación). [3] Una de sus figuras destacadas es Carlos de la Torre, que es designado secretario general.

El Sindicato de Educadores Particulares y Privados de Córdoba (SEPPAC) nuclea a docentes privados de la provincia de Córdoba y llega a afiliar a casi la mitad de los mismos, lo que constituye un verdadero desafío ya que las patronales privadas persiguen y despiden a quienes se afilian. SEPPAC constituye una excepción en la historia del gremialismo docente por haber puesto su empeño central en la docencia de escuelas privadas, pero con una postura independiente de las patronales privadas. Lucha por la aprobación de un estatuto para el docente privado, que finalmente se sanciona en 1973 como Ley 5659, aunque nunca llega a aplicarse. El estatuto sancionado establece que habrá concursos públicos para la docencia con jurados integrados por representantes de las patronales, el gobierno y los sindicatos docentes. Equipara en gran medida la docencia privada a la de las escuelas públicas. Es furiosamente resistido por la Iglesia y organizaciones de familias católicas. A los pocos días de su sanción se produce el levantamiento del Brigadier Lacabanne, que derroca al gobierno de Obregón Cano y Atilio López, ligados a la izquierda peronista[4]. La ley queda sin efecto a pedido justamente de la Iglesia católica. 

 

SEPPAC constituye un frente gremial con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y los docentes nacionales de la provincia para promover la unidad a nivel provincial. Su proyecto educativo es a favor de la “educación popular para la liberación nacional y social”. [5] Dicho programa implica un posicionamiento nacionalista antiimperialista. Al mismo tiempo, no cuestiona la educación católica privada si ésta es ejercida por el ala progresista de la iglesia. La laicidad no es una bandera de la propuesta de SEPPAC.

El 24 de setiembre de 1971 se realiza la asamblea de fundación de la Asociación Unificadora de Docentes y Educadores de la Capital Federal (AUDEC). Siendo una pequeña organización, que llega a nuclear poco menos de 1.000 afiliados, marca un hito en la historia del gremialismo docente de esa ciudad. Sus impulsores pertenecen a corrientes de la izquierda peronista, independientes y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (La Verdad). Su propósito, desde su mismo nombre, es propender a la unificación de las entidades de esa ciudad que eran numerosas, divididas por nivel y hasta por condición laboral. Su declaración de principios y sus estatutos resultan educativos para las nuevas generaciones de docentes.

En marzo de 1972 AUDEC se lanza a la organización de una fuerte estructura unificadora por la base, desde cada distrito, sin distinción de agremiación. En un nuevo boletín señala que hay 380.000 docentes en el país y que solo el 30% está agremiado en Ciudad de Buenos Aires donde hay 14 entidades. Es rasgo distintivo de AUDEC su preocupación por la estructuración en la base de las escuelas, con delegados escolares y comisiones distritales. Se trata de una entidad sin licencias gremiales, donde el trabajo se hace recorriendo “a pulmón”, como se dice entonces, cada establecimiento en los recreos y entre los turnos para ir de una escuela a la otra.

AUDEC incluye entre sus reclamos la defensa de los docentes privados en tanto trabajadores, dejando expresa y permanente aclaración que esto no significa defender la educación privada. Su principal reclamo es que se sancione un estatuto del docente privado o que esos docentes sean incorporados al Estatuto Docente, tal como lo sostiene SEPPAC. AUDEC, al igual que la entidad cordobesa, tampoco tiene una definición claramente laicista. Postula una educación popular para la liberación nacional, lo que dejaba abierta la puerta a las corrientes tercermundistas católicas en educación.

El 4 de mayo 1972 el AND llama a un nuevo paro nacional. La conducción de la FEB decide no apoyarlo. Entonces, 18 entidades de base de la federación resuelven adherir. Son expulsadas o deciden su separación de la FEB, entre ellas: Matanza, Morón, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, San Isidro, entre otras. Estas organizaciones deciden constituir el Bloque de Distritos Disidentes de Buenos Aires.[6]

El AND convoca a un plan de lucha para el 5 y 6 de julio y 22,23 y 24 de agosto. El detalle de su pliego reivindicativo permite dimensionar el estado de derechos existentes y ausentes en ese momento:

1)     Equiparación salarial de docentes provinciales y nacionales. 2) Aumento salarial 3) Jubilación a los 52 años para mujeres y 55 para hombres 4) Anulación de la Reforma educativa 5) Anulación de la transferencia de escuelas primarias nacionales a las provincias 6) Convocatoria a concurso de ingreso y ascenso 7) Licencia por maternidad para las docentes suplentes 8) Asueto compensatorio después de la asistencia a los actos escolares[7] 9) Devolución de la obra social

El Gran Acuerdo Nacional y el regreso de Perón

Para frenar el ascenso de las luchas obreras y populares los militares organizan su retirada buscando un acuerdo de la burguesía y los partidos patronales principales, el peronismo y el radical que se conoció como el Gran Acuerdo Nacional (GAN). El objetivo es instalar un régimen constitucional convocando a elecciones, bajo la tutela del, hasta entonces proscripto, Juan Perón. Su retorno es vivido como un gran triunfo de los trabajadores que durante 17 años lo levantaron como reclamo. Como parte de este triunfo, el propio gremio docente avanza en su organización y sus luchas.

La fundación de CTERA

Entre el 30 de julio y el 4 agosto de 1973 se reúnen en Huerta Grande, Córdoba, el AND y la CUTE para debatir la Declaración de principios y el Estatuto de una nueva entidad nacional que unifique la docencia a nivel nacional: la CTERA. Participan 95 organizaciones gremiales que representan alrededor de 123.000 afiliados. Se acreditan 416 delegados.

Entre el 9 y 12 de septiembre se reúne el congreso fundacional en la escuela 4 del Distrito 16 de la Ciudad de Buenos Aires. En esta segunda instancia participan 40 entidades más. Entre las más grandes, con más de 5.000 afiliados, están asociaciones que nuclean docentes provinciales como: la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato de Docentes particulares (SADOP), la Federación Única de Sindicato Trabajadores de la Educación, Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP). Entre las entidades con 2.500 y 5.000 afiliados se encuentran la Unión de Maestros Primarios (UMP), la Federación Correntina de Docentes, el Sindicato de Magisterio de Mendoza, la Asociación de Maestros de Enseñanza práctica, el Sindicato de Educadores privados de Córdoba (SEPAAC), la Asociación Docentes Provinciales de Salta, la Federación de Docentes Pampeanos, la Federación Argentina de Educadores de Adultos, la Asociación de Maestros Suplentes y Aspirantes a la Docencia (AMSAD- Capital Federal), la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe, la Agremiación de Educadores Secundarios de Buenos Aires, la Unión de Educadores de Morón, la Federación de Educadores de Río Negro, la Unión Docente de Educación Técnica. Entre las organizaciones menores encontramos a la Federación de Docentes Universitarios de Córdoba, y a AUDEC, de Capital Federal.[8]

Se elige la primera Junta Ejecutiva de CTERA integrada por Carlos Alberto Rocchi como secretario general y cuatro secretarios generales adjuntos: Simón Furlán, (UEPC-Córdoba), Francisco Isauro Arancibia, (ATEP-Tucumán), Juan Carlos Comínguez (UMP-Capital Federal) y Carlos De la Torre (SINTER-Rosario).

La Declaración de Principios otorga un perfil marcadamente progresista a la confederación en su etapa fundacional. Una de sus principales definiciones es la del sujeto que agrupa, trabajadores de la educación, dejando de lado la disputa al interior de las entidades fundantes con los sectores más conservadores que mantenían un perfil de profesional en el sentido liberal del término. La propuesta incluye no sólo al docente, sino al personal de maestranza, administrativos y de técnicos que trabajan en ese ámbito. Es defendida con contundencia por los delegados provenientes de la CUTE. Además, la definición indica que la perspectiva es la unidad con el resto de los trabajadores, lo que implica adherir a la CGT.

La nueva confederación se define por una educación que no sea mera transmisora de conocimientos y reproductora del orden existente, sino promotora de cambios sociales y culturales que conduzcan a una sociedad más justa y democrática, rompiendo lazos de dependencia con potencias extranjeras. Si bien la declaración no define qué tipo de sistema económico permitiría ese logro, ni qué tipo de régimen político, plantea un posicionamiento crítico frente al existente.

Los artículos 1 y 2 reconocen a la educación como un derecho de toda la población que debe ser garantizado de modo imprescriptible e indelegable por el estado. Define el tipo de educación que promueve: común, única, gratuita, obligatoria, no dogmática, científica, coeducativa y asistencial para responder a las necesidades del “Hombre Argentino”

Con esta definición la CTERA se posiciona contundentemente contra la educación privada y religiosa. Este principio expresa el peso de los sectores que se reconocen en la tradición de la Ley 1420 y del lado de la laica en el 58. Como ya dijimos, estos son los sectores tradicionales de las asociaciones ligadas al profesionalismo, liberales, socialdemócratas y de izquierda.

La definición de coeducación representa un posicionamiento progresista en la época dado que todavía existen escuelas diferenciadas para mujeres y varones. El carácter asistencial de la educación está marcando la responsabilidad del estado para realizar acciones compensatorias tanto en recursos materiales como culturales para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades.

Un principio que marca una limitación de la época y que en la actualidad invita a su revisión es el que define que la educación está destinada a responder a las necesidades del Hombre Argentino. En tiempos en que la sociedad toda subsume a la mujer al género masculino, el modelo propuesto refuerza la desigualdad entre hombres y mujeres al ignorar a estas últimas, incluso en la nominación de los destinatarios a educar. La disidencia sexual es directamente ignorada. Además, afirmar que la educación está dirigida a ser argentino da cuenta que la diversidad cultural y de nacionalidades no es considerada en la escuela que propone.

El principio 3 establece que la formación docente es función inalienable del estado. Este principio, sumamente progresivo, que incluso es ley en algunos países, no es sostenido en años posteriores por la nueva conducción de CTERA. En el país florecen en forma creciente los profesorados privados y el mercado de cursos pagos para la formación continúa sin que constituya una batalla del accionar gremial su denuncia por parte de la nueva conducción de CTERA.

El principio 4 refiere al derecho del trabajador de la educación a participar del gobierno, planeamiento y política de la educación a través de sus organizaciones gremiales. Este principio muy importante, da cuenta del estado de los debates en el gremio docente, donde existe el reclamo por participar de las decisiones de política educativa y aún más, del gobierno cotidiano de la educación. En varias provincias existen consejos provinciales de educación donde la docencia elige representantes por voto directo de la totalidad de sus miembros.  Sin embargo, este principio a nivel nacional no tuvo formas de materialización democráticas. Al no existir mecanismos de representación por voto y contralor permanente de las escuelas perdió su sentido original. Las distintas centrales sindicales integraron organismos que cogestionaron las políticas de estado con los gobiernos de turno, en lugar de ser representantes de la docencia. Esto se manifestó en el apoyo de las centrales a todas las leyes educativas y políticas de estado que se implementaron en las décadas posteriores.

El principio 5 define el sujeto al que defiende la entidad: al trabajador de la educación en actividad, aspirante o en pasividad (incluye a los jubilados), de todas las ramas y jurisdicciones, incluso a los privados. Este es un punto central de los debates del congreso: definir al sujeto como trabajador es una derrota del ala profesionalista. La importancia de esta definición la consideramos en el apartado siguiente.

El punto 6 refiere a su posicionamiento contra toda forma de discriminación social, política o religiosa. Se define como entidad prescindente de pertenencia política partidaria o religiosa, lo que no obsta la pertenencia de sus miembros a esas asociaciones. Esta definición es importante ya que en algunos sindicatos se persigue a quienes tienen definición política partidaria, reparten un volante o hablan en una asamblea identificándose con un partido político. Congresales de SEPAAC-CUTE son quienes proponen prohibir la actividad partidaria y la UEPC-AND es quien salda la discusión en los términos que finalmente se vota.

El estatuto fundacional de CTERA es uno de los más democráticos de la historia del sindicalismo en Argentina. Sobre la base de acordar con sus principios y estatuto, el capítulo 1 establece que cualquier entidad gremial relacionada con la educación existente a la fecha de la fundación de la confederación, sean éstas de primer grado, sindicatos, o de segundo grado, federaciones, podrán integrarse a la misma. Dado su carácter de tercer grado, las entidades que quieran integrarse a posteriori de su fundación, sólo podrían realizarlo las federaciones provinciales. Para los sectores de la CUTE, que defienden la conformación de sindicatos únicos por provincia, esta definición resulta inconveniente. Deja planteada, además, la duda de que, en tanto entidad de tercer grado, esto pueda dificultar su ingreso a la CGT que promueve y es resistido por sectores del AND.

Los capítulos II al XXXI refieren a su gobierno. Definen tres organismos: los congresos, los confederales y la junta ejecutiva. El congreso es el organismo soberano. Está integrado por delegados de las entidades de base en un número proporcional a la cantidad de afiliados. El congreso ordinario se reúne anualmente en julio y su función es, entre otras, elegir la junta ejecutiva. Lo hace por voto secreto según el sistema D´Hondt de representación que garantiza que todas las listas que tengan un piso, puedan estar representadas. Como se advierte, el sistema de elección es indirecto. Pero dada la frecuencia de su elección, anual, resulta en un fuerte control y renovación de sus integrantes. Así mismo, la representación proporcional garantiza una mayor rotación y control sobre la mayoría y genera un mecanismo que refuerza que sea respetado el congreso como organismo de decisión de la voluntad de las bases del gremio. 

El congreso extraordinario puede reunirse cuantas veces la junta lo convoque o a solicitud del 20% de los integrantes de la confederación. Es la única instancia que puede decidir la convocatoria o levantamiento de las medidas de fuerza.

El confederal es una instancia intermedia entre el congreso y la junta. Está constituido por un representante por entidad con un número de votos equivalente al número de afiliados que representa. Dicho representante es designado por la entidad de base según lo definan sus propios estatutos. Hay entidades que lo harán en asambleas convocadas al efecto, otras por las comisiones directivas. El confederal tiene una función consultiva, de comunicación entre las bases y la junta, y de control del cumplimiento de las decisiones de los congresos por parte de la junta ejecutiva. Este régimen interno es sustancialmente distinto del que rige en el resto de los sindicatos existentes en ese momento. La aplicación del sistema D’Hondt para distribuir los puestos en las comisiones directivas garantiza la representación de las minorías. La impronta totalitaria de la legislación gremial peronista sostiene el principio de “el que gana toma todo” lo que dejaba a las minorías fuera de las directivas. Entre otras medidas, completan el cuadro el método de asambleas de base para la toma de decisiones incluyendo tanto el lanzamiento como el levantamiento de las medidas de acción gremial directa.[9]

El congreso fundacional cierra el 12 de septiembre con una declaración que marca el perfil internacionalista que entonces tiene la lucha docente. El 11 de septiembre había sido derrocado el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende en Chile. A propuesta de una congresal de AUDEC[10], CTERA declara públicamente su repudio al golpe de Pinochet y se solidariza con la clase obrera y el pueblo de Chile que está resistiendo.[11]

Bases para un proyecto educativo emancipador

En diciembre de 1973 y abril de 1974, apoyados en la fundación de CTERA y ahora bajo el auspicio del gobierno de Perón y su ministro Taiana, se realizan la 3ra y 4ta etapa del Congreso Nacional de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo resume los debates de las etapas anteriores del congreso con la redacción de Lineamientos básicos para la Ley General de Educación.

La propuesta tiene elementos progresistas y democratizadores del sistema educativo que, sin duda, son los que inspiran los principios para educación que adopta la CTERA en su congreso fundacional. Nos referimos a la defensa del “carácter imprescriptible, indelegable e inalienable del Estado de organizar, sostener, dirigir, extender, perfeccionar y controlar el sistema educativo”. Entre otros aspectos, sostiene que la formación y perfeccionamiento docente son funciones exclusivas e inalienables del estado. Que la educación privada no debe ser financiada por el estado y se debe propender a un proceso gradual de quita de los subsidios del estado, a la par que defiende que los docentes privados tengan igualdad de derechos que los del estado. Estos principios son abandonados por la conducción de CTERA a partir de la década del 90 cuando ésta pasa a ser dirigida por una mayoría peronista que defiende las escuelas privadas parroquiales de la Iglesia Católica y se profundiza en el siglo XX cuando avanza a la defensa de las escuelas de gestión social con la Ley 26206 del gobierno de Néstor Kirchner.

El proyecto avanza en definiciones como el lugar de los estudiantes y las cooperadoras en el sistema educativo. Para los estudiantes reclama “el derecho a un papel activo organizando, bajo la orientación del educador, sus propios esquemas de pensamiento y de conducta a partir de la elaboración crítica, autonomía y cooperativa de los conocimientos y de las experiencias.” Propone que los estudiantes “participen del gobierno de la educación tanto en los organismos de conducción del sistema educativo como en los correspondientes a los establecimientos de base”. Defiende que los estudiantes “participen junto a los docentes en la reelaboración de los planes de estudio, propendiendo a su actualización acorde con los avances científico-técnicos y a la elaboración de una metodología de conocimiento que posibilite la adquisición y comprensión de la información y el desarrollo del pensamiento crítico”. Propone la autodisciplina como parte de la autoeducación.

Las cooperadoras escolares están integradas en forma exclusiva por familias de los alumnos y simpatizantes, cuya función es colaborar con las escuelas y los docentes en la formación de niños y jóvenes. Son entidades de bien público, autónomas y autárquicas. Tienen “prescindencia en materia de política partidista, religiosa y rechazan toda forma de discriminación racial, idiomática, social, política o religiosa”. Pueden intervenir en política educativa, en los niveles correspondientes del gobierno de la educación, pero no en la cuestión técnico pedagógica o administrativa de la escuela.

El gobierno de la educación propuesto abarca diferentes niveles. A nivel nacional, el Consejo Superior de Educación de la Nación está integrado por el ministro de Educación, los organismos de dirección de los distintos niveles, supervisiones, la organización gremial-docente, la organización gremial-estudiantil, los organismos de educación extraescolar, los organismos de auxiliares y de comunicación de la sociedad.  Estos representantes serán elegidos democráticamente por sus organismos respectivos. También pueden participar las provincias que así lo decidan. Sus funciones son planificar, coordinar y recomendar en todo lo atingente a la política educativa nacional.

Luego vienen los organismos de dirección de cada nivel educativo que “serán colegiados y electivos por procedimientos democráticos e incluirán la participación de docentes, padres y estudiantes del nivel medio y superior. Se considerará la intervención de otros sectores según las características de cada nivel”. Así mismo prevé la formación de organismos consultores y asesores de especialistas designados por concurso, organismos de supervisión, también por concurso, organismos auxiliares y de comunicación con la sociedad, integrados por padres elegidos democráticamente por las cooperadoras escolares, los departamentos de extensión universitarias de universidades estatales, las organizaciones de trabajadores e instituciones de bien público que compartan los principios de esta Ley de educación. A nivel de las escuelas existirá un Consejo de Escuela integrado por Directivos, personal designado por concurso, representante del gabinete psicopedagógico, coordinadores de áreas, representantes de los docentes electos democráticamente por la Asamblea de Personal, representantes estudiantiles elegidos por el Centro de Estudiantes en el nivel medio, de los padres, democráticamente elegidos por las Cooperadoras escolares. 

Respecto del financiamiento sostiene que la fuente genuina es el presupuesto que debe ser del 25% del gasto total o el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Rechaza cualquier asignación de recursos provenientes de subsidios que impliquen algún tipo de condicionamiento, de juegos de azar o de cualquier otro origen que desvirtúen los principios y objetivos de la Ley General de Educación. Cabe destacar este principio que será paulatinamente avasallado en las décadas posteriores donde la injerencia de las empresas privadas mediante subsidios condiciona los contenidos de lo que se enseña. Esto ocurrirá tanto en las cátedras universitarias, al igual que lo que había acontecido en la década del cientificismo consideraba en el capítulo III de este libro, como cuando las empresas extractivistas mineras, petroleras y de la avanzada del uso de agrotóxicos en las zonas rurales que intentan condicionar lo que se enseña en las escuelas primarias y medias en forma durante el siglo XXI, con la resistencia en soledad de la docencia.

Estos lineamientos definen que un cambio educativo requiere transformaciones paralelas en la estructura económica, política, social y cultural del país. La propuesta sostiene un proyecto de país independiente del capital extranjero que promueva el desarrollo soberano, con una industria y desarrollo científico-tecnológico nacional. Aunque no lo explicita, la propuesta responde a la concepción de que es posible un desarrollo capitalista independiente en el concierto imperialista mundial para lo cual hay que desarrollar frentes de unidad con las llamadas burguesías nacionales. Docentes del partido comunista, con peso central en este congreso, son los impulsores de este perfil más general de propuesta de país,y marca su proceso de unidad con el peronismo que otrora combatió, lo que tendrá repercusiones, también en el plano gremial.

¿Por qué trabajadores de la educación?

La unidad docente lograda en CTERA y su definición como trabajadores de la educación es expresión en la conciencia de un proceso material que se ha venido produciendo en el gremio docente en las últimas décadas: su proletarización creciente.

Desde la concepción marxista, el modo capitalista de producción tiene dos características: produce mercancías con carácter predominante y lo hace para obtener renta del capital, ganancia, como móvil determinante de su producción. El trabajador solo posee su fuerza de trabajo que vende como una mercancía al capitalista para poder recibir a cambio un salario que le permita reproducir su fuerza de trabajo. Es decir, no recibe el valor de lo que produce, sino el valor del costo de reproducir su fuerza de trabajo. Esta diferencia entre ambos valores se la apropia el dueño del capital, se llama plusvalía y es su ganancia.

Desde ese aspecto la docencia, al igual que otros empleados públicos o trabajadores de servicios son también asalariados que, desposeídos de medios para producir, venden su fuerza de trabajo, ya sea al estado o a un patrón privado. Sus condiciones y ritmos de trabajo le son impuestas, como algo ajeno. Al igual que el trabajador industrial, el valor de su fuerza de trabajo está determinado por el costo de reproducirla y no por el valor de lo que produce.

En el caso del trabajador docente del estado, su trabajo no sería productivo para el capitalista, en sentido estricto, pues no produce renta del capital. Su producto no se vende en el mercado.  En cambio, sí lo sería quien trabaje en una empresa educativa privada pues el patrón vende la mercancía de su trabajo al estudiante o a su familia, y así obtiene  plusvalía. Sin embargo, en ambos casos, existiendo trabajo productivo y no productivo, el o la docente tiene carácter de trabajador pues vende su fuerza de trabajo por un salario. Su trabajo colabora en la producción de un servicio que ayuda a generar las condiciones generales de la producción. La educación de la futura mano de obra aumenta la fuerza productiva del capital. En ese sentido, aunque los trabajadores docentes del estado no sean productivos en el sentido estricto que le da el capitalista, es decir, que producen renta, son junto a los trabajadores docentes de empresas privadas, parte de la clase trabajadora.

La comprensión de este carácter de trabajador/a explotado/a sin embargo no es un proceso lineal. Durante décadas la docencia se ha considerado a sí misma parte de las profesiones liberales, cuestión que se manifiesta, incluso como vimos antes, en el hecho que definan sus organizaciones como de profesionales. La masificación del trabajo docente durante la segunda mitad del siglo XX hace que se conforme como un sector social con peso que va tomando conciencia de su lugar en la sociedad como trabajador explotado y comience a adoptar los métodos de lucha de la clase obrera, los paros y movilizaciones callejeras.

Esa toma de conciencia de su carácter de trabajador/a tiene razones objetivas. Por un lado, porque su salario y condiciones de trabajo se acercan cada vez más a las de la clase obrera. Los presupuestos de educación no aumentan, pero el sistema se expande con más docentes y escuelas, lo que tiene por efecto, entre otros, la reducción del salario docente y en muchos casos, obliga al pluriempleo. Pero, además, porque la tecnificación del trabajo, la planificación, ha ido expropiando a la docencia de su conocimiento de la complejidad del proceso educativo, separando su diseño de fines, objetivos, planes, de su ejecución en el aula. Este proceso se da en el conjunto del trabajo asalariado bajo el capitalismo monopolista, separando al trabajador que ejecuta la tarea, del diseñador de la misma.

La docencia ha llegado con retraso a esta división. Durante algunas décadas más siguió viviendo cierto artesanado dentro del aula, dicho esto en su sentido justamente de arte, donde el trabajador pone su subjetividad en la ejecución de su trabajo: elige la poesía que habrá que motivar su clase, el método de lectoescritura, la manera de interaccionar con sus estudiantes. Al mismo tiempo, sin embargo, se encuentra sometida a otra de las características del trabajo asalariado bajo el capitalismo industrial, que es la de realizar un trabajo alienado. Como productora del acto pedagógico ha sido enajenada de las decisiones sobre los fines de la educación, de la política educativa que adoptan los estados, las iglesias, las patronales, aunque ha conservado el control del acto pedagógico mismo en el aula. A partir de la década del 60 se profundiza el carácter alienado de su trabajo. La planificación desde organismos centralizados de gobierno, incluso desde organismos internacionales, editoriales y técnicos va dejando a la docencia en un lugar de obrera de la tiza, relegada a la ejecución de tareas preconcebidas en espacios externos al aula. 

Aunque es objetivamente parte de la clase trabajadora, la docencia no se ha auto percibido parte de ella. Por su nivel cultural, que le otorga un valor simbólico en la sociedad, tendió a identificarse con los estratos superiores, al nivel de las profesiones liberales. Sin embargo, los bajos salarios y el creciente control externo de su tarea a través de las planificaciones y currículos impuestos, profundizan las bases materiales de su proletarización. En este proceso va creciendo su toma de conciencia del lugar que ocupa en la sociedad y, por tanto, de quien es su aliado en la defensa de sus derechos: el resto de los trabajadores. Este curso irá impregnando las nuevas organizaciones gremiales, con ritmos desiguales y también contradictorios, lo que se expresará tanto en sus formas organizativas, sus programas como sus métodos de acción. 

El reconocimiento de su carácter de trabajador/a, tiene a su vez un profundo valor subjetivo, político. La docencia que funda CTERA se identifica junto al resto de los trabajadores, protagonistas de la escena nacional desde El Cordobazo, como la fuerza social junto a la cual encuentran una identidad común a la cual unir sus reclamos. Esa identidad no es resignación a ser relegada de su rol de sujeto creador en el proceso educativo. Esta generación de docentes de los 70 no se limita a luchar por derechos laborales. También disputa su derecho a decidir sobre la política educativa nacional con propuestas de reforma y de gobierno de las propias instituciones escolares, reclamando democratizar las instancias de decisión. Es decir, con más o menos conciencia, desafía las formas de alienación de su trabajo que el proceso de tecnificación del capital le está imponiendo. Por ello, una parte de los activistas en educación disputan junto a familias y estudiantes, el sentido mismo de la educación, defendiendo que sea para la liberación nacional y social, para la emancipación de los pueblos.

50 años después: un balance necesario

Dos décadas posteriores, a partir de la derrota de la larga huelga del Maestrazo en 1988,  la nueva dirección de CTERA, la lista Celeste de raíz peronista que la conduce hasta hoy, inició una nueva etapa: Impuso un estatuto que burocratizó la vida de la entidad, eliminando sus rasgos democráticos. Eliminó la convocatoria a las bases para la decisión de las medidas de lucha, de los acuerdos con el gobierno, de la política gremial de la entidad. Desterró la representación proporcional D´Hont en las conducciones. Abandonó su independencia de los gobiernos y pasó a apoyar la mayoría de sus reformas educativas, instalando un cambio doctrinario de la política educativa. Durante el menemismo apoyó la sanción de la Ley Federal 24195 que desliga al estado nacional del financiamiento de las escuelas. Su reclamo de financiamiento fue en el marco de aceptar la imposición de la Reforma de Menem  de los 90 que impuso la transferencia de las escuelas medias a las provincias, cuyo propósito central fue determinado por el Banco Mundial para liberar fondos del estado nacional para pagar la deuda externa. La transferencia provocó el quiebre del carácter nacional del sistema educativo y de las condiciones laborales docentes que pasaron a definirse en cada provincia, con enormes desigualdades. La lista Celeste no contrarrestó esta nueva realidad con una política de unificación de las luchas provinciales y CTERA dejó de ser una referencia nacional de unidad, al punto que hoy las nuevas generaciones casi desconocen su existencia.

Al mismo tiempo, la nueva conducción abandonó el principio de sistema educativo estatal, contrario a la educación privada. Pasó a defender que el estado subsidie a las escuelas parroquiales de la Iglesia católica y abandonó la denuncia del subsidio al resto de las privadas. En la pri­mera década del siglo XXI, apoyó la sanción de la Ley 26206 durante el go­bierno de Néstor Kirchner que extiende el subsidio estatal a una nueva categoría de escuelas que también rompe con el princi­pio de educación única y común: las es­cuelas de gestión social, lo que legitima una mayor fragmentación del sistema educativo. En la actualidad, organiza escuelas dentro del sistema formal bajo la dirección de los sindicatos para las que también reclama sostén del estado.

Recordar la fundación de CTERA, es un llamado a recuperar su tradición, como defensora de un sistema público nacional, estatal, no dogmático, de un presupuesto educativo nacional, no desigual por provincia,  y de una docencia con derechos salariales y de condiciones laborales también nacionales.  

*El presente artículo ha sido tomado del cap 5 del libro Memorias de las luchas por la educación 1943-1976 de la autora editado en 2022 por CeHuS (pág. 131 a 146)

[1] AUDEC. 1972 Archivo Fundación Pluma

[2] Las entidades mencionadas compartirán, además, el hecho de ser perseguidas durante el proceso de derechización del régimen de los gobiernos de Perón y de Isabel Perón durante 1975. Algunos de sus dirigentes serán desaparecidos durante la dictadura y las entidades mismas ilegalizadas y desaparecidas.

[3] La Tribuna. Octubre de 1971.

[4] El presidente Perón no restituye al gobierno electo y en cambio legitima el levantamiento enviando a un interventor en representación del gobierno nacional.

[5] Boletín 2 Año 1 SEPPAC. Archivo Fundación Pluma

[6] Sobre la base de las estructuras distritales de la antigua FEB, estas entidades logran sobrevivir a la dictadura militar y reaparecen en la post dictadura. Luego de un proceso conflictivo algunas de ellas son la base de la conformación del SUTEBA en 1988, otras fueron excluidas de ese proceso unificador y se disgregaron.

[7] Refiere a los actos que se realizaban en el día feriado de la fecha patria.

[8] Archivo de Ademys

[9] La práctica posterior a este congreso va deformando el espíritu de su estatuto fundacional. En años posteriores, las diferentes juntas ejecutivas toman atribuciones del congreso en relación a la decisión de las medidas de acción directa, cuestión que despertará fuertes críticas desde las asambleas de base de las asociaciones. En 1988, luego de la derrota de la larga huelga recordada como “El Maestrazo”, este estatuto se deja de lado y se sanciona otro que, entre otros aspectos, elimina la representación proporcional en la conducción de la junta ejecutiva y le otorga a ésta un poder de centralidad mayor, parecido al resto de los sindicatos de Argentina desde la experiencia peronista.

[10] Dorita Martinez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores realiza la propuesta.

[11] A la semana del golpe chileno, el gobierno peronista reconoce al nuevo gobierno de Pinochet que a juicio de Perón cerraba la vía de escape de la guerrilla de Argentina a ese país. En Mayo de 1973, ya como presidente, recibió a Pinochet en suelo argentino. https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/06/el-acta-secreta-que-revela-el-apoyo-de-peron-a-pinochet-luego-del-golpe-en-chile/

miércoles, 26 de abril de 2017

BULLRICH: EL OSCURANTISMO PRE-ILUSTRACIÓN

En ocasión de su visita a la provincia de Corrientes, el Ministro Bullrich respondió favorablemente al pedido del Presbítero de la Iglesia Católica Mendoza para que instale la enseñanza de la religión católica en las escuelas. El Ministro respondió que era un “apóstol” y creía que debían enseñarse todas las religiones en las escuelas públicas.
Con estas declaraciones, Bullrich confirma que su política no es sólo atacar nuestros derechos laborales docentes como parte de la política de ajuste que el gobierno nacional desata sobre toda la clase trabajadora argentina. El Ministro también pretende meterse en nuestras clases y atacar el carácter público del conocimiento que construimos en ella. Es decir, contrastable, criticable, cuestionable, comprobable. Las religiones son parte del mundo de las creencias y por tanto del ámbito privado.  La escuela no debe imponer dogmas, esto sería autoritarismo y abuso de poder. La escuela es el ámbito del pensamiento científico, crítico, democrático.

¿En nombre de qué supuesto "derecho a elegir de los padres" habría de tolerarse que en el cuaderno de un niño o niña, a la vuelta de la sección de matemáticas figure "el milagro de Cristo que camina sobre las aguas” o “que la Virgen tuvo un hijo sin tener relaciones sexuales que serían pecado? ¿Acaso tendría la escuela que silenciar el robo de niños, el asesinato  y la tortura durante la dictadura, tal como hizo la iglesia? ¿Acaso tendrá que tolerar la propaganda sionista de Israel, justificando el terrorismo de estado contra el pueblo palestino? ¿Acaso deberemos aceptar que los pastores protestantes extiendan sus prédicas en los templos a nuestras escuelas a favor de la política exterior de EE.UU. contra los pueblos árabes en nombre del combate al terrorismo islámico? ¿O se piensa que la religión es una cuestión de "valores" en abstracto? 

La matriz fundante de nuestro sistema educativo fue de carácter liberal, en la etapa de auge del capitalismo. Quitó la religión del currículo y promovió el pensamiento científico. Así lo sostuvo la Revolución de Mayo cuando por iniciativa de Moreno publicaron el Contrato Social de Rousseau para educar en las escuelas del Cabildo. Así lo mostraron los debates de la Ley 1420 que quitaron la religión de los programas escolares. Así se fundó el Colegio de Concepción del Uruguay que en la segunda mitad del siglo XIX formó algunos de los primeros futuros científicos de nuestro país.

En esta etapa de decadencia del capitalismo, los partisanos de su sobrevivencia, a costa de la desposesión de los pueblos, necesitan reinstalar el oscurantismo de la religión. Para que el pueblo no piense y en cambio crea. Para que los dogmas oculten que la vida miserable a la que llevan a millones es producto de la avaricia de unos pocos y en cambio piensen que es producto de los pecados de cada uno.

Sepa el Sr. Ministro que no lo vamos a permitir. La docencia de nuestro país ha transitado un largo camino de democratización del aula que ha formado una generación dispuesta  a pensar por sí misma. Y va a derrotar este intento de retroceso medieval.

Laura Marrone
Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires
Izquierda Socialista en el FIT

Cel 1568829255

domingo, 2 de abril de 2017

FALTAN VACANTES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS EN CONDICIONES DIGNAS

A la Sra. Ministra de Educación
Soledad Acuña
Paseo Colón 255

Ciudad de Buenos Aires, 21 de marzo de 2017

Asunto:
FALTA DE VACANTES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS EN CONDICIONES DIGNAS

 Nos dirigimos a Ud. para reclamarle una urgente solución a la grave situación que atraviesan algunos miles de familia por la falta de vacantes y/o la entrega de vacantes en grados hacinados o a distancias insostenibles para el traslado cotidiano por razones de horario y recursos económicos.

Este mes de febrero, con 35 grados de calor, nuevamente hicimos nuestra recorrida por los distritos. Y encontramos a Matías, con su madre, contento: Este año, entrará a primer grado,  luego de dos años sin vacantes. Pero también conocimos a Imara, tiene 4 hijos sin vacantes.  Pudimos constatar que hasta el 22/02/17 alrededor de 2000 niños ingresantes al sistema escolar obligatorio (de 4 años en adelante), estaban aún sin vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad. Las cifras aproximadas eran 700 para primer grado, 400 en sala de 5, 900 en sala de 4 años y 100 en escuelas medias, principalmente en los distritos de la zona sur. A esta cifra faltaba  agregar los nuevos ingresos, los pases de distritos y/o de escuelas privadas en los restantes grados y cursos y la demanda de vacantes para la primera infancia desde los 45 días a los 3 años que se cuentan por miles, como todos los años.

Con fecha 23/02 la Dirección de escuelas primarias ordenó a  los establecimientos escolares, a través de sus instancias de conducción escolar, otorgar vacantes a todos los que figuraran en lista de espera. Esto significó que muchos de los niños antes mencionados fueran incluidos en aulas superpobladas sin respetar la normativa de m2 por alumnos, sin bancos.

También ocurrió que a muchas familias  de la zona sur tienen vacantes a kilómetros de distancia de su domicilio, en la zona norte, incluso hay casos de familias con varios hijos a los que se les asignaron escuelas en diferentes barrios. Para estas familias les imposible recorrer la ciudad para dejar a sus hijos y luego acudir a sus trabajos, o pagar el presupuesto de transporte que esto significa. De esta forma Ministerio se siente “desobligado” de su deber de brindar vacantes, sin por ello importarle las condiciones para que una familia o un docente con aulas hacinadas puedan hacer efectivo el derecho a la educación de los niños.

A partir del 6 de marzo se reabrió la inscripción para el ciclo lectivo 2017 y tenemos nuevas listas de espera que no tienen vacantes. Esta nueva fecha, sin embargo, no tuvo difusión masiva  y muchas familias, cansadas de golpear puertas, se repliegan a sus hogares, creyendo que ya perdieron el derecho a inscribir a sus hijos,  auto-culpabilizándose de no haber podido acudir en fecha. Las comunicaciones oficiales no les informan que el derecho no prescribe. Nuestro contacto con organizaciones barriales de la zona sur nos trasmite la preocupación por la existencia de varios centenares de niños desescolarizados desde hace hasta dos años solo en la Villa 20 por falta de vacantes. Resulta doloroso pensar que mientras no reciben el derecho a la educación se está pensando en bajar la edad de punibilidad de muchos de estos niños.

Por otro lado, el Ministerio de Educación sigue negando su deber de brindar vacantes a los niños de 3 años para abajo, tal como lo obliga la Constitución de Buenos Aires en su artículo 24. A cada amparo individual que tiene resolución judicial favorable, responde con un subsidio individual para ingresar a jardines privados lo que significa que se especula con la privatización de la educación para aquellos que tengan algún recurso.  

El otro sector, privado de su derecho a la educación, es el de la población adolescente que egresa de las escuelas primarias dependientes de la Dirección de Educación especial y carecen de oferta pública. Solo hay 4 escuelas privadas y 4 CBO, Centros de formación que no solo son insuficientes, ni siquiera figuran en la oferta “en línea” de la Ciudad. 

El hacinamiento está contra la norma

Con  la ubicación forzada de alumnos en aulas superpobladas no se estaría respetando la normativa vigente. El cuestionado Decreto 1990/97 del Gobierno De La Rua/Sanguineti estableció un máximo de 35 alumnos por grado, a partir del cual se debían desdoblar los grados y cursos.  

Por otro lado, el art. 90 del Reglamento Escolar Resolución 4776/06 establece que el número de alumnos por aula en el nivel primario se fijará de manera que cada alumno disponga de 1,35 m2 de superficie y 4 a 5 m3 cúbicos de volumen para garantizar condiciones dignas. Para el Nivel Inicial, el Art. 78 explicita que el máximo número de alumnos por  aula para salas de lactario, 1 año y 2 años, debe garantizar 2,50 m² por niño y en las salas de 3, 4 y 5 años 1,35 m² por niño y en ambos casos de 4 a 5 m³ de volumen.

A su vez, estas normas están por debajo de lo que fija el Código de Edificación vigente en lo que refiere a Arquitectura Escolar,  modificado según Ley Nº 962/02  que rige por encima tanto del Reglamento Escolar como  del Decreto 1990. En su Art.  7.6.1.1.b establece que el cubaje por alumno debe ser 5 m3.

Cabe recordar, así mismo, que el Código Rector de Arquitectura Escolar, a nivel nacional,  Decreto Nº 1814 de 1973 establece que se debe trabajar con una capacidad óptima de 25 alumnos por aula en el nivel pre-escolar; 30 al/a. en el nivel elemental (primario) y 35 al/a en el nivel intermedio (1ro y 2do año) y 40 al/a en el medio.”   Pese a que esta misma normativa establece como natural la superpoblación en las aulas, desconociendo que los valores expresados constituyen un bloqueo al desarrollo de la efectividad del acto pedagógico, también es incumplida.En el Punto 1.2.9.1.1. de esta norma, se consigna que  “deberá respetarse como valores mínimos para la determinación de la superficie del aula los de 2 m2 por alumno para el nivel pre-escolar; 1.65 m2/al. para el nivel elemental, 1.50 m2/al. para el nivel intermedio y 1.25 m2 en el nivel medio.” Dicho Código fue incorporado en sus aspectos centrales al Código de Edificación de la Ciudad generándose complementariedad.
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El lento migrar a la escuela privada, al hacinamiento y a la desescolarización.

Si se observa la curva de falta de vacantes explícita desde 2014 a la fecha, cuando comenzó la inscripción “en línea”, ésta descendió. En febrero de ese año, la cifra pública en lista de espera era de 17.615 casos, de los cuales 13.211 correspondían al nivel inicial, 1585 al nivel primario y 2819 al secundario. En 2016 Ministerio admitió que faltaron alrededor de 11.000 vacantes. Es probable que las medidas  que antes señalamos muestren públicamente para el 2017 una  reducción aun mayor de estas cifras.

Un lector no experto en el tema podría creer que el problema se estaría solucionando.  Una lectura más profunda, sin embargo, lleva a otras lamentables conclusiones. Sin efectiva construcción de nuevas escuelas acorde a la faltante de esos años, y con un normal crecimiento poblacional, la explicación no cierra. La razón es que la “Inscripción en línea” estaría cumpliendo su objetivo: poner un tope al número de alumnos en las escuelas públicas de la ciudad.

Cuatro son las razones de esta relativa baja. Por un lado, las familias de provincia de Buenos Aires, a pesar que el Art. 28.3.2 y 3 del Reglamento escolar les  permite que accedan a vacantes,  especialmente aquellas que tienen trabajo en la Ciudad, encuentran serias dificultades para que la “máquina” las deje entrar en el sistema. El Gobernador Rodríguez Larreta afirmó el 1ro de marzo, en su presentación en la Legislatura que alrededor de 3 millones de personas de la provincia de Bs As ingresan cada día a nuestra Ciudad. Esas personas tienen hijos, que deben dejar muy temprano o buscar muy tarde al regreso de sus trabajos. Tienen derecho a acceder a una vacante  y cada día se les hace más dificultoso lograrlo.

En segundo lugar, la migración a la escuela privada y a los Centros conveniados. La incertidumbre de no tener vacantes hasta entrado el mes de marzo, provoca una creciente migración a escuelas privadas porque las familias no pueden esperar tanto tiempo para organizar su año escolar y laboral.  A esto agreguemos que ha aumentado la oferta de vacantes en las escuelas privadas, favorecidas por el aumento de subsidios a las mismas, especialmente en el nivel inicial. Una simple lectura de la evolución de subsidios a la educación privada que fija el presupuesto escolar así lo atestigua. Solo este año se destinarán $4.992.890.183 a subsidiarla.

Las familias con escasos recursos, que no pueden pagar las cuotas de privadas, en el nivel inicial, son derivadas a los 63 CPI, Centros de Primera Infancia que dependen de la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,  o a los 20 CEDIS, Centros de Desarrollo Infantil, ambos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Son centros que están fuera del Ministerio de Educación. Destinados a la población en situación de “vulnerabilidad social” cuyos propósitos centrales no son la educación de esos niños sino “la estimulación temprana” o el “fortalecimiento emocional”, según se indica en la página web del Ministerio. Para los pobres, soluciones precarias, con trabajadores precarizados, en edificios precarizados. Y sin control pedagógico efectivo de la Dirección del Nivel Inicial de la Ciudad.

La tercera causa, es la desescolarización. Muchas familias, sin medios para recurrir a un amparo judicial, sin tiempo para seguir faltando a trabajos en negro para realizar gestiones ante ministerios y defensorías, bajan sus brazos y sus hijos quedan literalmente sin escolaridad, aún en el nivel primario, algo nunca visto en la Ciudad de Buenos Aires, desde los tiempos de la sanción de la Ley 1420, de obligatoriedad de la educación primaria.

Dentro de esta realidad, aún embrionaria, están los casos de familias inmigrantes sin papeles. La reducción de 180 a 90 días de la residencia precaria de inmigrantes, así como la amenazas de expulsión “sumarísima” que incluye la retención preventiva y la creación de una policía y de un fuero judicial migratorio, o sea, un régimen especial de justicia y represión con una cárcel del migrante, que el Gobierno Nacional ha anunciado a partir de su nuevo DNU este mes de febrero, significa una clara violación al derecho de los inmigrantes. Esto provoca que muchas familias sin residencia se hayan replegado y dejado de reclamar el derecho a la escolaridad de sus hijos aun cuando el art. 30.b  del Reglamento Escolar garantiza la educación para estos casos. Duele, además de autoritaria, una política racista.

La cuarta es el hacinamiento. Como ya señalamos anteriormente, hay zonas como Lugano o Soldati donde se han inscripto hasta 38 alumnos por grado. Si pensamos que son zonas con grandes carencias de trabajo y vivienda, y le agregamos que en algunas escuelas el número de niños integrados llega hasta 4 por aula, podemos imaginar que no hay condiciones dignas para ser educados.

Se necesita la construcción de más escuelas.

El problema de la falta de construcción de escuelas primarias en la zona sur y Retiro, así como escuelas de nivel inicial en toda la capital continúa y no está prevista su resolución en el presupuesto 2017. Agreguemos que en la zona de Villa Zabaleta-Parque Patricios se están construyendo 3.000 viviendas, en Pompeya 350 y en Lugano 1.200 en el marco de la Villa Olímpica, todo esto sin previsión de construcción de escuelas, lo que nos permite preanunciar una verdadera catástrofe para el 2018.

En febrero de 2016 el Sr. Gobernador Rodríguez Larreta anunció la construcción de 30 escuelas. En la página web del Gobierno de la Ciudad llamada Compromisos figura el logo de 30 escuelas a construir desde entonces. Sin embargo, al abrir dichos dibujos se constata que solo 5 de esas escuelas tienen definición. Tres de ellas corresponden al plan PROMEDU II de 2010, y que ya fueron construidas en la zona norte. Dos están en proceso y el resto no tienen definición de nivel ni de ubicación física. El Plan Plurianual 2017 en el marco del presupuesto de Ciudad solo tiene prevista la construcción de 3 escuelas y  una de ellas en la zona sur. Es decir, que el problema se agravará aún más en el 2017. En su presentación en el inicio de la sesión de la Legislatura el 1ro de marzo 2017, curiosamente el Sr. Larreta no hizo mención a su plan de construcción de escuelas.

Para la falta de vacantes, desde hace varios años, Ministerio de Educación destina un centenar de millones de pesos al pago de micros para trasladar niños de un distrito a otro. Solo para la Villa 31 paga 70 micros diarios. Un verdadero despropósito. Si sumamos el presupuesto destinado a estos pagos en varios años tendremos el número de escuelas que reclamamos. Estamos frente a un caso claro de mal desempeño de la función pública.

Frente al reclamo de familias y docentes por vacantes para todos, desde su ingreso a la Legislatura porteña en 2014, el FIT viene presentando proyectos de ley para la construcción de 33 escuelas primarias y 40 escuelas infantiles. Luego de perder estado parlamentario fueron representados en 2016 bajo los números 1004-D-2016 y 1005-D-20016. Tampoco fueron  considerados.

En Diciembre del 2016 anticipamos que existía un desfasaje de 700 niños entre el egreso de niños de sala de 5 del nivel inicial y las vacantes de primer grado al menos en tres distritos de la zona sur. El 18 de diciembre le a Ud. una entrevista junto a otros legisladores para considerar esta emergencia. A la fecha no tuvimos respuesta. En febrero del 2017, en ocasión de una audiencia por el conflicto de la Escuela Lorca, pusimos el tema sobre la mesa. La respuesta de funcionarios de ese ministerio fue que, tal vez, esa diferencia podría haberse resuelto porque las familias habrían encontrado  vacantes en escuelas parroquiales de la zona. Una respuesta sorprendente e impudorosa, propia de  una política privatista y autoritaria. El estado no garantiza una faltante totalmente previsible y especula que se irán a las escuelas de la iglesia católica, que ese mismo estado financia con subsidios del presupuesto que debió ir a la pública.

Por todo lo antedicho, solicitamos a Ud. reciba a las familias sin vacantes que a diario esperan en las puertas de su Ministerio y les otorgue soluciones de emergencia para que este año sus hijos puedan estudiar en condiciones dignas. Reciba a los y las diputadas que solicitamos la entrevista en Diciembre. Presente un plan de emergencia para la ampliación del presupuesto para construcción de escuelas y se forme una comisión de familias, docentes y sindicatos con plenas facultades para controlar el cumplimiento de estos reclamos.





Marcelo Ramal      Laura Marrone

Legisladores- Bloque del Frente Izquierda y de los Trabajadores. CaBA

Cel. 1568829255 (Marrone)
Cel. 1556901943 (Ramal)

(ver proyectos de construcción de escuelas 1004-D-2016 Y 1005-D-2016)