Este proyecto avanza en la destrucción de las Juntas de Clasificación y Disciplina que establecía el Estatuto Docente, Ordenanza Nº 40593/85, en su diseño original. La docencia ingresaba por concursos públicos en base a listados por orden de méritos y oposición, para el caso de directivos, cuya realización estaba a cargo de Juntas de Clasificación elegidas por los propios docentes, quienes podían postularse como candidatos por el solo hecho de ser titulares en el sistema.
Durante la furia neoliberal de los 90, los sucesivos gobiernos de Ciudad de Buenos Aires avanzaron en la precarización laboral con la creación de cargos por fuera del régimen de concursos, precarizados y elegidos por coordinadores, a su vez designados por el poder político, llegando a cubrir una planta funcional casi equivalente al 10%. Se trataba de un ensayo hacia el proyecto de liquidación de todo el régimen de concursos públicos según los diseños de las Reformas Educativas de los organismos internacionales que replicaban sus voceros en nuestro país, como la Fundación Sophía que dirigía el actual Gobernador de la Ciudad, Rodrigues Larreta, y que sostuvo Bullrich, entonces Diputado en la Cámara de Diputados de la Nación, en ocasión del debate de la Ley Nacional de Educación en el 2006. Estas reformas proponían un régimen de ingreso a partir de la facultad de directores de escuela de elegir a sus docentes, quienes a su vez eran designados por ternas propuestas por las empresas y organizaciones sociales de los diferentes distritos o regiones y si no pasaron, fue por la resistencia docente.
En 2011, el PRO sancionó la Ley 4109 por la cual se destruyeron las juntas docentes para la clasificación y organización de los concursos de cada rama para quedar reducida a una junta única de toda la capital con la mera función de seguimiento de los concursos que organiza la COREAP, organismo designado por el Poder Ejecutivo. Aunque esta única junta seguía siendo electiva, el PRO impidió que se realizaran elecciones a la misma durante estos 4 años y ahora directamente eliminaría su carácter electivo y serían designados por el sindicato con mayor número de afiliados en número de dos y otro por el segundo en el mismo orden (Art. 10. II). Esto significa que la docencia es privada de su derecho a elegir. Más de la mitad de la docencia en Ciudad no están afiliados a ninguno de los 17 sindicatos existentes y los dos primeros afilian apenas alrededor del 20% de la docencia. Incluso, en sus mismos sindicatos, como el caso de UTE, tienen una fuerte oposición a sus actuales conducciones.
La medida tiene que ver con un modelo de sindicalismo que el PRO necesita para gobernar: sindicatos adictos que tengan poder por encima del voto de las bases. El proyecto beneficia a UTE, dirigida por el F.P.V. y el segundo lugar estaría disputado entre UDA y AMET o alguna coalición de sindicatos adictos al PRO. No es ajeno a esta decisión el hecho que Ademys, siendo un sindicato que no está entre los de mayor número de afiliados, sin embargo, había salido segundo en las últimas elecciones y tiene un crecimiento en adhesión y confianza por parte de la docencia a partir de su trayectoria de rectitud en el manejo de los concursos, su independencia política de los gobiernos de turno y la ética de sus dirigentes que nunca aceptaron favores.
Más allá de la aplanadora antidemocrática del PRO que pretende borrar estas conquistas históricas montado en su reciente avance electoral, como lo venimos haciendo desde hace más de 25 años, llamamosa rechazar y resistir ester proyecto, a defender nuestros derechos a concursos públicos limpios para el ingreso y ascenso, con juntas electivas, garantía necesaria de una escuela pública abierta al pensamiento crítico y no disciplinada a ningún gobierno de turno.
Laura Marrone
Bloque de la Legislatura del FIT
Por Izquierda Socialista
Cel: 1568829255
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