Laura
Marrone[1]
En medio
del conflicto docente, después de
declaraciones que desnudan la política de desprecio a la educación pública de
este gobierno, el Presidente Macri y su Ministro Bullrich anunciaron su Plan
Maestro para hacer una “Revolución educativa”. Mientras varios centenares de
miles inundaban las calles del país reclamando satisfacción al reclamo docente
después de varias semanas de paros en todo el país, patean la pelota para otro
costado: “habría que cambiar todo porque las pruebas de evaluación externa del
Operativo Aprender 2016 dieron muy mal”.
El presente trabajo es una primera reflexión y una
invitación al debate colectivo. Puesto
que estamos frente a un grave ataque a la educación pública necesitamos poner
la cuestión de la política educativa en el centro de nuestras acciones.
Marcha Federal Docente Plaza de Mayo Marzo 2017
El Operativo aprender como excusa
Aunque hasta la fecha el Gobierno Nacional no ha mostrado los resultados estadísticos completos del llamado Operativo Aprender 2016, los anuncios parciales señalan que el 79,4% de los alumnos de la escuela pública media están en el nivel básico o inferior al mismo en Matemática, en tanto que en la privada esta cifras es del 53,5%. En Lengua, uno de cada dos estudiantes (46,4%) habría calificado por debajo del nivel básico, es decir que no comprendería textos.
En
primaria, el 41,4% de los alumnos de 6to grado estaría en los niveles básicos o
por debajo de ese nivel en Matemática; en Lengua estaría en el nivel básico o
por debajo el 33,2% de los chicos. Solo dos de cada diez llegaría al nivel
avanzado en Matemática.[2]
Vale la pena
recordar que estas evaluaciones fueron rechazadas por buena parte de la
docencia que se negó a participar de las
mismas, y por no pocas familias y estudiantes que no concurrieron a los
establecimientos los días de su realización. Señalemos que allí donde se conoce
con más profundidad el verdadero propósito de estas evaluaciones externas,
estándares, censales, según modelos traídos desde los EEUU y países de la OCDE,
que es la Ciudad de Buenos Aires donde se realizan desde hace algunos años,
solo el 37,4% de la población escolar de escuelas públicas respondieron las mencionadas
evaluaciones. Por razones de espacio y propósito de esta nota, no profundizaremos
acerca de por qué se rechazan estas evaluaciones que analizamos en otros
trabajos.[3]
De todos modos,
como ya habíamos anunciado en su momento, compartimos que la educación en
nuestro país ha decaído respecto de décadas anteriores. Para ello no se necesitaba
ese costoso e inútil operativo. El debate es acerca de las causas que
provocaron este deterioro, único camino para ver si sirven las soluciones que
se proponen.
Un diagnóstico oculto
Para enfrentar
la grave situación descripta, el gobierno presenta un Plan Maestro que
conduciría a una “Revolución de la educación”. Aunque no hace un diagnóstico público
de las causales de los bajos resultados
antes mencionados, éste queda claro a partir de las declaraciones y políticas
que proponen: se hace responsable a los docentes por paros, ausentismo y baja
formación. Por este motivo, las familias
estarían migrando a la escuela privada.
Nuestro
diagnóstico es completamente otro. La Ciudad de Buenos Aires, donde Macri
gobernó por 8 años y que tiene el índice más alto de privatización, 51%, por
diversos factores no ha tenido muchos paros.
En 2007, cuando asumió Macri, la matrícula estatal superaba en 40.000
alumnos a la privada. En 2015, en cambio, tenía 16.000 alumnos menos que la
privada. Al mismo tiempo Neuquén, que es una de las provincias más combativas,
tiene solo15% de educación privada.[4]
En 2015 el
porcentaje nacional de educación privada era de 29,5%. Y la tendencia es
alarmante en todo el país. En Provincia
de Buenos Aires es de 40% en el Conurbano. Hay provincias que tuvieron
decrecimiento de matrícula en primer grado en las escuelas públicas. Esto indica
que el resto del país estaría nivelándose hacia los porcentajes de privatización
de Capital y Buenos Aires. Por ejemplo, Santiago del Estero tuvo -11,3 % y San Luis -13,1 % de matrícula en primer grado en
2013, sin que se registraran paros importantes hasta esa fecha.
Descartado
entonces, que la causal principal sean los paros docentes, dos son los factores
claves del crecimiento de la escuela privada: el aumento de la pobreza y el
modelo de financiamiento de la educación.
En la década del
60, una época muchas veces mencionada como de excelencia de la educación en
nuestro país, el índice de pobreza era del 3%, existía obligatoriedad de la
educación solo para el nivel primario y el estado nacional aportaba el 25% de
su presupuesto a educación. Hoy el índice de pobreza asciende al 32,5% pero,
para la franja etaria en edad escolar, es del 48%. El estado nacional solo aporta el 5,5% de su
presupuesto para una educación que ha extendido su obligatoriedad a 14 años.
La escuela recibe
la presión de las políticas de estado para conformarse como un espacio de
guetos sociales que se reproducen a sí mismos. La mayoría de las escuelas
públicas, como espacio con diversidad de clases sociales según la matriz
fundante de nuestro sistema educativo, ha dejado de ser tal para pasar a concentrar
a las clases más desposeídas y excluidas del sistema, incluso por encima de los
promedios de la población en general. Los sectores altos van a escuelas de
elite. Buena parte de sectores medios y bajos no excluidos, van a escuelas
subvencionadas por el estado o a escuelas públicas “colonizadas”, es decir con
selección de matrícula en forma no explícita. No obstante, una gran mayoría elige
la escuela pública por convicción ideológica, buscando un espacio educativo no
excluyente por sector social. No “cae” en ella. Una muestra de socialización
humanitaria que el neoliberalismo no destruyó.
El segundo
factor es el modelo de financiamiento que dejó instalada la Reforma del Estado
en los 90 y continúa vigente. Por un lado incrementa los subsidios a la
educación privada, lo que permite sostener la creciente fragmentación social del
sistema y por otro, desentiende al estado nacional del financiamiento de la
educación, lo que condujo a presupuestos diferentes según los recursos de cada
provincia. De este modo, las escuelas privadas cuentan con un gasto por alumno
superior que la pública, ya que suman el subsidio más el arancel que pagan las familias.
Uno de los niveles donde ha crecido el subsidio es el inicial. En lugar de
construir escuelas infantiles, hay organismos del estado como la justicia o la policía, que entregan “bauchers”
o bonos en forma directa a las familias para pagar escuelas privadas.
A su vez, las
públicas dependen de presupuestos provinciales que tienen que destinar
alrededor del 85% a pago de salarios. No tienen fondos para mantenimiento, se
caen a pedazos, con docentes mal pagos y sin capacitación en servicio. No se
garantiza el acceso a escuelas de nivel inicial ni de Jornada Completa. El
problema se agrava para el 40% de las familias cuyos adultos trabajan en negro,
sin protección social, cuentapropistas o desocupados, para los 3.500.000 de hogares sin vivienda digna,
para los niños mal alimentados en los hogares o incluso en los comedores
escolares con dietas inferiores a los valores nutritivos que se requieren para
sus cerebros en formación.
Las famosas
pruebas PISA que ubicaron a nuestro país en el lugar 59 de 65 países en 2012, a
las que tanto se hace referencia para denostar a nuestro sistema educativo, dicen
en su enfoque metodológico, que las condiciones exógenas al sistema educativo
son las principales causas de la variabilidad de los resultados entre escuelas.
Y mencionan tres: el nivel cultural de la familia, la estabilidad laboral de
los padres o tutores, la estabilidad y
dignidad de su hábitat y vivienda.
No demos más vueltas. Ahí están las principales
causas del deterioro de nuestra educación. Y no son pedagógicas. Esos niños,
cuyos adultos a cargo se desarman porque no pueden darles una vida sin carencias,
no pueden estudiar bien. Tienen “la cabeza” en otra parte. Sufren desamparo. Y
encima, concurren a escuelas sin presupuesto y comedores pobres. Así de simple.
Sin presupuesto no hay salida
El Plan Maestro contiene
rimbombantes 108 propuestas a cumplir en 10 años. Pero los ejes centrales son
pocos. Lo encabezan algunas metas largamente esperadas por la población: garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde la sala de 3 años, que mejoren los resultados de los egresados de la secundaria, y que la mayoría termine su escolaridad a término. El Plan, que culta su diagnóstico de situación y sus verdaderos propósitos, no cumplirá tampoco estas metas.
Veamos.
1. El compromiso de construir 1.000 jardines.
El Plan propone
alcanzar la meta de la universalización de la sala de 3 mediante la construcción de 3.000 jardines.
Este ambicioso anuncio no se condice con los datos que el propio Ministro
Marcos Peña presentó en el Congreso en su informe del 21 de marzo pasado. A
fines de 2017, cuando se cumple la mitad del mandato del gobierno del PRO,
habría 446 jardines en “proceso”, de los cuales solo se prevé que 26 estarán
terminados. El financiamiento de casi un 40% de esos jardines será deuda
externa con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero además, luego de
construidos los mencionados jardines, las provincias tendrán que pagar los sueldos de su personal y mantener
los edificios. El gobierno nacional no se hace cargo. Con crisis financieras,
los conflictos provinciales se agravarán.
Cabe señalar que
el plan sigue sin dar respuesta a la primera infancia de 45 días a 3 años, que
es señalada por la neurociencia como la etapa clave de la formación del cerebro
y de las matrices emocionales y cognitivas. Vale la pena recordar, además, que
Macri y Bullrich, luego de 8 años de gobierno, dejaron a la Ciudad de Buenos
Aires con una deuda de al menos 80 escuelas de nivel inicial, primario y medio
en Ciudad de Buenos Aires para cubrir la faltante de más de 11.000 vacantes.
2.
El
100% de escuelas de jornada extendida.
El derecho a
optar por la extensión de horas de clase por parte de las familias y de los
niños y estudiantes, con carácter no obligatorio, es largamente ambicionado. Incluso
causal de alguna migración a la escuela privada. Pero, en este caso, la medida
no está acompañada de una propuesta de ampliación de la infraestructura
escolar. Es materialmente imposible contener la matrícula total de un turno en
el mismo edificio donde funciona otro. Si no se construyen nuevas aulas y/o
campos deportivos anexos a las escuelas, esta medida es imposible de
garantizar. No se hace mención a que la Ley 26.075 de Financiamiento de la
educación establecía que al 2010 se incrementaría a 30% el número de escuelas
de Jornada extendida o completa y a la fecha no se llega a 10% como promedio
nacional. Además, el plan no menciona que habrá de garantizar escuelas de jornada completa. Solo
habla de jornada extendida. La jornada completa supone 8 horas de clase por día
en un establecimiento escolar. La jornada extendida, en cambio, es de 6 horas, algunos
días, y en lugares diversos además de la escuela, como clubes o asociaciones
culturales. No resuelve el problema de la familia trabajadora.
3. “Lograr que todos los alumnos del nivel secundario superen el Nivel 1 en Lengua, Matemática y Ciencias en las Evaluaciones externas, reducir la repitencia y mejorar los índices de egreso de la secundaria a la edad correspondiente"
Aquí el rey
quedó desnudo. Las únicas medidas propuestas para encarar estos graves problemas
apuntan, sin tapujos, a modificar todas
las relaciones laborales docentes tal como veremos a continuación.
Derrotar al gremio docente en sus derechos laborales y disciplinar la
educación a las necesidades del capital.
Dos son los
propósitos centrales que esconde el Plan Maestro: Derrotar a los docentes
laboralmente y disciplinarlos ideológicamente.
Detrás de la
propuesta de la Reforma de la Carrera docente, y la formación de los cuerpos de
conducción como “líderes”, el PRO prepara la liquidación del régimen laboral
docente de ingreso y de ascenso por
concurso público, la estabilidad laboral y el salario igualitario.
Vuelve a la carga con su programa de salario por mérito determinado justamente
por las mencionadas evaluaciones externas.
Este es el verdadero
Plan Maestro. El PRO no quiere más paros docentes que desafíen la política
salarial de un gobierno ajustador.
Quiere que la docencia penda del hilo de la amenaza de ser despedido, como
ocurre en el ámbito privado, para no tener derecho a reclamar por derechos
laborales y así poder aplicar sus planes de ajuste.
Pero también
para que no pueda enseñar con libertad de cátedra. Mediante las evaluaciones
externas, elaboradas por empresas multinacionales de la OCDE y de EEUU, el PRO
prepara la recolonización ideológica de nuestro sistema educativo. No puede
tolerar que se enseñe la memoria de los desaparecidos, los derechos humanos, la
crítica a la explotación no sustentable del suelo, a la contaminación ambiental,
entre otros. En fin, no puede tolerar la revolución democrática que se abrió en
nuestras aulas a partir de la caída de la Dictadura durante estos 30 años y que
fue generando espacios públicos de debate y pensamiento crítico por donde se
colaron las necesidades de un pueblo trabajador postergado en sus derechos
sociales.
El PRO quiere
que enseñemos a “disfrutar de la incertidumbre”, como afirma una y otra vez
Bullrich. Es decir, que los docentes enseñemos a resignarse a la permanente inestabilidad
en el trabajo y al despido, en lugar de enseñar los derechos laborales
históricamente conquistados. Quiere que formemos en la resignación a una vida
fuera del sistema productivo mediante la formación de Emprendedores que no es
sino el cuentapropismo de los que nunca tendrán trabajo asalariado estable ni
derecho a una jubilación u obra social. Son los requerimientos para el mundo
laboral de un sistema económico capitalista que se ha vuelto cada vez más cruel
y despiadado, al servicio de un puñado de empresas transnacionales que manejan
como títeres a sus socios nacionales.
El PRO, además,
necesita derrotar al gremio docente para un fin estratégico del capitalismo en
el mundo actual: poner los porcentajes de los P.B.I. que los estados nacionales destinan
a educación y salud no sólo como costos descentralizados por provincias, como lo
logró en la década del 90, sino avanzar en su tercerización como nueva rama de
negocio del capital. Frente a la crisis actual de rentabilidad, el capitalismo ya
no se conforma exclusivamente con los mecanismos de endeudamiento externo como
fuente de acumulación. Ha descubierto que los presupuestos de salud y educación
que pagan los estados y que rondan entre el 5 y 10% del PBI según los países,
son una suculenta fuente de nuevos beneficios. Y ansían sacar ganancias de esas
nuevas ramas. Por eso, la tercerización de
los sistemas educativos y de salud avanza de la mano de empresas capitalistas y
de no pocas ONGs que las encubren. Van acaparando áreas de nuestro sistema
educativo como las evaluaciones, las inscripciones, las capacitaciones, los
monitoreos y los controles digitales, entre otros. Paulatinamente van dejando
los ministerios como cáscaras vacías que administran convenios con estas
empresas. En las bolsas de los principales países capitalistas estas empresas
son hoy las que obtienen una de las tasas de ganancias más altas. El propio
Ministro Bullrich y equipo integran este mundo de empresas educativas.[5]^
Renacionalizar el financiamiento educativo
El Plan Maestro no reconoce que exista un problema presupuestario.Incluso los gobiernos de la última década afirmaban una y otra vez que el presupuesto era alto. Pero las metas propuestas de jardines y extensión de la jornada no se pueden lograr si continúa en pie el modelo de financiamiento que dejó la Reforma de los 90. Las provincias destinan un promedio de 30% de sus presupuestos a educación y si bien algunas podrían aumentar sus impuestos a las grandes empresas de sus territorios, no tienen mucho margen de mejora. El grueso de los recursos lo maneja el estado nacional. Nunca se llegó al 6% del PBI para educación. Y de éste, los sucesivos gobiernos del FPV y el actual solo aportaron el 1,2 a 1,5% que se destina centralmente a las universidades. El resto del sistema lo sostienen las provincias.
La propuesta de Ley de Emergencia de la educación del FIT en el Congreso de la Nación, encara el problema del financiamiento de modo estructural y sería un puntapié clave para empezar a mejorar la educación. Renacionalizar el sistema educativo para que el estado nacional financie la educación y aumente el presupuesto al 10% del PBI. El proyecto también señala de dónde sacar los fondos, por ejemplo mediante impuestos a las grandes empresas multinacionales, a las megamineras y los bancos, al no pago de la fraudulenta deuda externa.
Una revolución educativa requiere una revolución social
El PRO habla de Revolución Educativa como argucia discursiva para encubrir que su plan es destruir de raíz lo que resta del sistema educativo público y empezar de nuevo según las bases que hemos denunciado.
Le tomamos la palabra: hace falta una revolución educativa. Pero para ello se requiere una revolución social. Es decir, cambiar de raíz las condiciones de vida de la población que cada día son más degradantes de la condición humana.
Para eso, hay que terminar con este sistema de explotación y de exclusión al servicio de una burguesía depredadora de la vida misma. Necesitamos una revolución social que ponga los resortes de la ecnomía, de la salud, de la educación, de la justicia en función de los intereses del conjunto de la población trabajadora, que es la que produce. Necesitamos un proyecto educativo que retroalimente esa revolución. Con docentes que eduquen para construir puentes, desarrollar la medicina, la industria de los medicamentos, la agroindustria, la minería, el sistema energético en función de las necesidades del conjunto de la población y de la preservación del ambiente para hoy y las futuras generaciones.
Esta revolución no la hará el gobierno de los CEOS. Necesitamos que gobiernen los trabajadores para que desde cada rama de trabajo, salud, educación, vivienda, industria se ordene el país en función de las necesidades del conjunto de la población y no de la ganancia de unos pocos.
Buenos Aires, marzo 2017
Agradecimientos: A Dorita Martínez, por su lectura atenta y sugerencias.
El Plan Maestro no reconoce que exista un problema presupuestario.Incluso los gobiernos de la última década afirmaban una y otra vez que el presupuesto era alto. Pero las metas propuestas de jardines y extensión de la jornada no se pueden lograr si continúa en pie el modelo de financiamiento que dejó la Reforma de los 90. Las provincias destinan un promedio de 30% de sus presupuestos a educación y si bien algunas podrían aumentar sus impuestos a las grandes empresas de sus territorios, no tienen mucho margen de mejora. El grueso de los recursos lo maneja el estado nacional. Nunca se llegó al 6% del PBI para educación. Y de éste, los sucesivos gobiernos del FPV y el actual solo aportaron el 1,2 a 1,5% que se destina centralmente a las universidades. El resto del sistema lo sostienen las provincias.
La propuesta de Ley de Emergencia de la educación del FIT en el Congreso de la Nación, encara el problema del financiamiento de modo estructural y sería un puntapié clave para empezar a mejorar la educación. Renacionalizar el sistema educativo para que el estado nacional financie la educación y aumente el presupuesto al 10% del PBI. El proyecto también señala de dónde sacar los fondos, por ejemplo mediante impuestos a las grandes empresas multinacionales, a las megamineras y los bancos, al no pago de la fraudulenta deuda externa.
Una revolución educativa requiere una revolución social
El PRO habla de Revolución Educativa como argucia discursiva para encubrir que su plan es destruir de raíz lo que resta del sistema educativo público y empezar de nuevo según las bases que hemos denunciado.
Le tomamos la palabra: hace falta una revolución educativa. Pero para ello se requiere una revolución social. Es decir, cambiar de raíz las condiciones de vida de la población que cada día son más degradantes de la condición humana.
Para eso, hay que terminar con este sistema de explotación y de exclusión al servicio de una burguesía depredadora de la vida misma. Necesitamos una revolución social que ponga los resortes de la ecnomía, de la salud, de la educación, de la justicia en función de los intereses del conjunto de la población trabajadora, que es la que produce. Necesitamos un proyecto educativo que retroalimente esa revolución. Con docentes que eduquen para construir puentes, desarrollar la medicina, la industria de los medicamentos, la agroindustria, la minería, el sistema energético en función de las necesidades del conjunto de la población y de la preservación del ambiente para hoy y las futuras generaciones.
Esta revolución no la hará el gobierno de los CEOS. Necesitamos que gobiernen los trabajadores para que desde cada rama de trabajo, salud, educación, vivienda, industria se ordene el país en función de las necesidades del conjunto de la población y no de la ganancia de unos pocos.
Buenos Aires, marzo 2017
Agradecimientos: A Dorita Martínez, por su lectura atenta y sugerencias.
Otros aportes al
debate:
2016
La política detrás del presupuesto de educación 2017 en CaBA
Las dos generaciones de la Reforma Educativa
Acerca de la evaluación de aprendizajes de Octubre: EL OPERATIVO APRENDER O
UN MAYOR DISCIPLINAMIENTO AL CAPITAL
Operativo aprender 2016 en Argentina
Acerca del Financiamiento de
la Educación en Argentina 2016
2015
Macri-Bullrich:
lo que se viene en educación
Un desafío
pendiente: que la mitad de los chicos que no termina la escuela secundaria a
término, pueda hacerlo
.
[1] Licenciada en Ciencias de la
Educación. Profesora de Enseñanza Superior. Legisladora de la Ciudad por el FIT
en representación de Izquierda Socialista.
[2]
http://www.infobae.com/tendencias/2017/03/22/aprender-2016-los-principales-hallazgos-que-dejo-el-primer-informe-de-resultados/
[3] Ver http://lauraendamarrone.blogspot.com.ar/2016/08/el-operativo-aprender-o-un-mayor.html
[4] Ver anuarios estadísticos del
Ministerio de Educación de la Nación 2007 a 2015.
[5] Un ejemplo de esto lo constituyen las evaluaciones
PISA que cuestan millones a los países y las aplican empresas como Pearson, una
de las que más dinero ha ganado en la última década. Gabriel Sánchez Zinny,
actual responsable del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), fue su
representante en la región. Junto a Esteban Bullrich integran el directorio de
la empresa offshore Formar Foundation
Inc. con sede en Washington, que se dedica a proveer a los estados de proyectos
de renovación en educación. Zinny formó parte con Rodríguez Larreta, actual
gobernador de la Ciudad, del Grupo Sophia que promovió la Reforma de los 90 y propuso
la liquidación de los estatutos docentes. Ambos integran EDUMENTE, empresa con sede en República Dominicana, que
dice brindar apoyo psicológico y pedagógico a entidades educativas.
