A propósito
del proyecto de Ley de evaluación del PRO en Ciudad de Bs As:
Las evaluaciones externas y el ranking de escuelas
empeoraron la educación
Laura Marrone
laura.marrone88@gmail.com
La intención del PRO de sancionar
una ley de evaluación y de creación de un instituto evaluador autárquico en la
Legislatura de Ciudad de Bs As daría paso a una nueva avanzada en la política
de fragmentación-privatización y neocolonización de la educación que viene desarrollando el
PRO en nuestra ciudad.
Las políticas de evaluación,
externas, censales, empezaron a implementarse en EEUU durante la presidencia de
Bush en la década del 90 y se han extendido a varios países de América Latina y
de Europa como parte de las reformas educativas neoliberales.
Estos modelos de evaluación son
fomentados desde los organismos internacionales como el Banco Mundial con
créditos prioritarios para los países que los apliquen. Con la creación de un
instituto autárquico, el PRO pretende obtener parte de esos fondos ya que no requeriría
la aprobación de la Ley de Presupuesto de la Ciudad para habilitar su
endeudamiento, que, sin embargo, deberá pagarse con fondos públicos.
Las evaluaciones externas
censales se han demostrado una notable pérdida de tiempo y recursos allí donde
se aplicaron. No mejoraron la educación sino que, al contrario, la empeoraron.
Al crear ranking público de escuelas, provocaron el corrimiento de matrícula a
las escuelas con mejores resultados, profundizando así las desventajas de
aquellas que presentaban dificultades. La consecuente distribución diferenciada
de presupuestos y salarios docentes, como supuesto premio al mérito o fracaso
escolar, agudizó esta fragmentación y
provocó el empobrecimiento del currículo escolar ya que se fue progresivamente
reduciendo al entrenamiento para responder a las pruebas de evaluación,
obviamente de carácter estándar.
Sin embargo, las propias pruebas
P.I.S.A. (Programa Internacional de logros de los estudiantes de 15 años, que
realiza la O.C.D.E. – Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, de la Unión Europea), a la que nuestro país se somete desde el 2000,
de carácter muestral, dan cuenta, en su enfoque metodológico, que las variables
que pesan centralmente en los resultados de los logros de los alumnos son exógenas
al propio sistema educativo. Son las llamadas E.S.C. de los grupos familiares
de origen de los estudiantes: nivel Económico, estabilidad laboral (Stability)
y nivel Cultural. En cuanto a las variables internas al sistema educativo, P.I.S.A.
también demuestra que los modelos de rankings y competitividad interna entre
escuelas son contraproducentes. Países con igual inversión en educación y
parecido E.S.C., como Inglaterra y Finlandia, tienen resultados con diferente
varianza o sea diferencia entre las escuelas con mejores y las de peores
resultados. Finlandia posee una varianza de apenas 5%. El 98% de su sistema es
público, con condiciones comunes de ingreso y funcionamiento, y no posee
evaluación externa censal ni ranking de escuelas y docentes, lo que ha evitado
la fragmentación del sistema. Inglaterra, en cambio, con un modelo avanzado de
autonomía escolar, con rankings competitivos públicos en base a evaluaciones
externas, posee una varianza de casi el 20%. A propósito, según PISA, la Ciudad de Bs As, es la de mayor varianza
del país, y tiene a su vez el más alto índice de privatización.
Curiosamente, el PRO, que
gobierna la Ciudad de Bs As desde hace 7 años, no ha sido capaz a la fecha, sin embargo, de
realizar una evaluación de los resultados de 22 años de evaluaciones externas
muestrales en esta Ciudad: 13 nacionales, 4 internacionales y 13 jurisdiccionales.
Tal evaluación daría la inevitable conclusión que lo que falta en ciudad no son
nuevas evaluaciones. La actual Dirección de evaluación ha más que duplicado su
presupuesto en el último año: 41 millones. Independizada de la Dirección de
Planeamiento desde hace dos años, ahora pretendería serlo del propio ministerio,
en un proceso que desvirtúa lo que significa evaluar, ya que ésta es una tarea
que constituye el proceso educativo y requiere tener un carácter integrado,
procesual y contextualizado en el marco de clases y escuelas.
Recientemente esta Dirección ha
comenzado a implementar evaluaciones censales a los alumnos del nivel medio, lo
que le permitiría arribar en pocos años a la implementación de títulos
diferenciados de egreso de ese nivel, tal como ya se aprobó en España con la
Ley de Mejora de la calidad educativa del 2013 y con ello cercenar el derecho a
ingresar en los niveles superiores de la educación.
La política de evaluación del PRO
suma otro componente regresivo a nuestro sistema escolar. El sometimiento de
nuestro sistema educativo a evaluaciones de agencias externas privadas incluso
extranjeras, conduce al progresivo control de la selección de contenidos y
valores por parte de las mismas y con ello a un peligroso proceso de
neocolonización cultural de la educación de nuestra ciudad. Una paradoja: se
sancionaría una ley de evaluación de una educación que nunca definió con una
ley propia en la ciudad, que establezca, por ejemplo, sus lineamientos
generales, el carácter de su sistema, entre otros aspectos.
Se requieren medidas urgentes en
materia de política educativa, en ciudad y en el país. Pero no son las
propuestas por el PRO. Entre ellas señalemos algunas de las 12 del pliego
elevado por Ademys al Ministro Bullrich: 1) un plan de formación docente
continua en servicio, con relevo de tareas y pérdida de días de clase para los
alumnos 2) la reformulación de la jornada laboral docente, de modo de incluir
en la misma el tiempo de preparación de clases, de formación, ateneos, estudio
de casos con problemas de aprendizaje, el trabajo colaborativo institucional. 3)
la reunificación en un sistema educativo público único, mediante la supresión
de los subsidios a la educación privada y la progresiva incorporación de las
escuelas privadas al sistema estatal con reconocimiento de derechos laborales a
sus docentes. 4) Un urgente plan de construcción de escuelas en la zona sur, la
Boca y Retiro así como de escuelas de nivel inicial en toda la ciudad.
Todo esto supone que, la
jurisdicción con mayores recursos del país y con menor esfuerzo presupuestario
para educación (22%), aumente el presupuesto educativo y abra un debate con
docentes, estudiantes y padres para otra política educativa que termine con el
curso privatista- y neocolonialista de la política actual.
