Aporte a los debates de 3er Congreso Nacional
de Educación Bs As 22 y 23 de noviembre.
El presupuesto 2105 reduce el porcentaje a
educación:
NACION DEBE APORTAR EL 3% DEL PBI PARA TODOS
LOS NIVELES
Laura Marrone*
El
proyecto de ley de presupuesto 2015 presentado por el Gobierno nacional ante el
Congreso de la Nación significa un nuevo retroceso para educación. Nación
reduce su porcentaje de aporte al Ministerio de Educación al 4,8%, siendo que
en el 2013 fue del 5,7%. El monto de
60.696 millones de pesos representa un escaso 1,22% del PBI previsto para el
2015, equivalente a 4.9962.702 millones.
Se mantiene la estructura financiera que
dejó vigente la Ley de Transferencias: Nación sostiene el nivel terciario, siendo las
jurisdicciones responsables del resto de
los niveles. Se necesita el urgente aumento del presupuesto de nación a, al menos, 3% del PBI: 150.000 millones, de modo de alcanzar 8% del PBI en el 2015. A su vez que nación pase, de participar con el 27% del Gasto Consolidado Educativo nacional, como
hasta ahora, a hacerlo con el 50% y de
este modo, a aportar al sostén de todos
los niveles educativos del país. Estas medidas serían transitorias hacia un
nuevo modelo de financiamiento que lo renacionalice y se proponga la meta del
10% del PBI para educación.
Un
financiamiento insuficiente, desigual y privatizador
Los conflictos docentes de este año al inicio del ciclo lectivo y
al regreso del receso escolar en agosto, pusieron de manifiesto que existe una crisis del financiamiento de la
educación heredado de la Reforma Educativa neoliberal de los 90[1], que
este gobierno y sus nuevas leyes no cambiaron. Cada provincia sigue teniendo
que sostener el gasto casi total de su sistema educativo. El desastre de este
diseño, que llevó en décadas pasadas a que muchas provincias durante meses no
pagaran salarios, o a que la inversión por alumno fuera tan desigual como una
relación 1 a 4 o que el salario docente
sufriera una desigualdad de 1 a 2, según la provincia, reaparece ahora con la
crisis y la inflación ya que los recursos provinciales son desparejos e insuficientes.
El gobierno nacional sostiene que es el que más aportó en nuestra
historia a educación. Pero un análisis serio de las estadísticas no le da la
razón. Sostuvo con gran despliegue mediático que nuestro país destinaba el 6,47% del PBI a educación. El reciente ajuste
de la medición del PBI realizado por el Ministro de Economía en base 2004, ha
puesto en evidencia que nunca se llegó a
la meta del 6%. En el 2010 fue del 4,7%, en el 2011 y 2012 fue 5,2%, en el 2013 se llegó en 5,6%. Si tenemos en cuenta
que el 1% del PBI en el 2013 significaban 33.490 millones de pesos y el
previsto para el 2014 es de 41.144 millones de pesos, la diferencia acumulada
desde el 2010, cuando debió llegar a la meta, supone que educación recibió
131.654 millones menos: una cifra equivalente a la construcción de 330.000
aulas nuevas o 2.500$ de salario más por cada docente durante los últimos 4
años.
Pero además, es necesario considerar que nación solo aportó el
1,5% de ese 5,6% en el 2013 y para el 2014 la proyección da que solo aportaría
el 1,24%. Este dinero fue, centralmente,
a las universidades y al Fondo de Incentivo Docente[2] y 0,7%
para educación de otros ministerios.[3] Así, Desarrollo Social, Trabajo, entre otros,
gastan casi la mitad de lo que Nación dedica a la educación del sistema formal.
El resto lo pagan las provincias. Por la Ley de Financiamiento del 2005, el
Gobierno Nacional aportaba el 27% del total del Gasto educativo consolidado en
el 2010 (GEC). Estamos en el 2014 y con el nuevo reajuste del PBI, Nación
aporta el 26%. El 74% restante lo aportan las provincias. La consecuencia es que continúa
la desigualdad en el acceso al derecho ya que cada provincia dispone de
recursos diferentes, además de hacer esfuerzos diferentes para el
financiamiento de la educación[4].
A su vez, hay que señalar que el monto total es insuficiente: 5,6% (base
2004) del PBI, después de 10 años de
bonanza es, por lo menos, mezquino. Pensemos que, con De La Rúa, teníamos el
4,9% (base 1993). Resta aún precisar a cuánto descenderá esta relación cuando
Ministerio de Economía actualice el PBI en base 2014. La meta que fijan los
organismos internacionales es del 8%, y algunos, como Brasil y Venezuela se
proponen llegar al 10% aunque en el caso del primero, lo haría para el 2025. El
resultado de esta insuficiente inversión es que más del 90% de los presupuestos
provinciales se dedica a salarios, y lo que resta para comedores, formación
docente, material didáctico e infraestructura escolar. La realidad es
alarmante: los comedores escolares brindan comidas de bajo poder nutritivo a la
población más vulnerable de nuestro país: los niños[5]. Las
escuelas no tienen mantenimiento, los techos se caen, los pisos se hunden. La
formación docente continua es insuficiente o inexistente. Los materiales
didácticos no se reponen o no existen.
De todos modos, medir el gasto educativo en % del PBI es
discutible pues es una cifra fácilmente manipulable, como acabamos de verlo en
relación a la base de medición o a la cotización del dólar cuando se desea hacer
comparaciones internacionales. Otro modo de leerlo, es medirlo como porcentaje
del Gasto Consolidado en Educación, o sea la sumatoria de los presupuestos de
educación de nación y de las jurisdicciones.
En la década del 60, UNESCO planteaba que la meta de los países debía
ser llegar al 25%. Entonces, nuestro país destinaba ese porcentaje de su
presupuesto nacional. Aunque, si
consideramos el Gasto Consolidado Nacional o sea, si le sumamos los
presupuestos provinciales a los fines de medir el esfuerzo del país, aunque
estos prácticamente no tenían escuelas a cargo,
la cifra total era del 14%.
Actualmente, con un sistema educativo nacional mucho más extendido en su
obligatoriedad a lo largo de la vida de las personas, (pasamos de 7 a 14 años),
modalidades y masividad, era del 13,8%
en el 2004[6]. Si los
mismos porcentajes de fondos se usan para muchos más docentes y escuelas, hay
una sola explicación. Esto se hizo en base a una reducción del gasto por
alumno, del mantenimiento y construcción de escuelas, del salario de la
docencia que en su mayoría ha pasado a trabajar dos turnos con la consiguiente
pérdida de tiempo para la preparación de clases, corrección de carpetas,
formación docente, lo que explica bastante alguna de las causas del deterioro
de nuestra educación.
Otro grave problema de nuestro sistema de financiamiento es la
creciente derivación de fondos al subsidio de las escuelas privadas. Si bien los
datos nacionales no son fáciles de obtener pues no se publican en las páginas
oficiales del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Economía de la
Nación, podemos dar cuenta de su
crecimiento en jurisdicciones puntuales. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba
incrementó a 26,3% los subsidios del estado por alumna/o de las escuelas
privadas en el nivel inicial y primario mientras que redujo en 9,6% el de las
estatales, en el período de 2001-2011[7]. La
Ciudad de Bs As, que registra la mayor privatización del país destinó 2.020
millones de pesos fueron destinados a subsidiar escuelas privadas en el
presupuesto del 2014. Más del 40% de las escuelas privadas están subsidiadas,
algunas de las cuales como el Colegio Tomás de Aquino o la ORT cobraban aranceles de más de 2.600$
mensuales en abril del 2014[8]. Desde
el 2006, por Ley 2189, el PRO también subsidia los gastos de infraestructura
y mantenimiento de las escuelas privadas que tengan de 75 a 100% de subvención.
La provincia de Santa Fe cuya educación
privada ya asciende a 38% deriva el 20%
de su presupuesto a subsidiarla.
Hace falta un cambio total en la política de
financiamiento de la educación
De lo que se trata no es de esperar a que la docencia se desgaste,
acosada por los descuentos de su salario
por los días de paro o a que las familias protesten por la pérdida de días de
clase de sus hijos. Lo que se requiere es un cambio de la política de financiamiento
de la educación. Tiene que volver a ser, nacional o al menos, nación debería
aportar el porcentaje mayor de su gasto. El proyecto de ley de presupuesto
elevado por el gobierno nacional al Congreso para el 2015 reitera el problema
aquí denunciado, pero agravado ya que reduce el porcentaje de participación de
Ministerio de Educación en el presupuesto total. Sin pudor, y luego de haber
anunciado tantas veces que había superado la meta, el gobierno nacional no hace
mención a metas y señala que anuncia la extensión de la obligatoriedad a la
sala de 4 años a la par que reduce del 5,7% que aportaba en el 2013, a admitir que solo aportó el 4,7% en el 2014 y
que dispone del 4,8% en el 2015 para el Ministerio de Educación. Tampoco
modifica su destino que centralmente seguirá siendo para el nivel terciario, lo
que supone que las jurisdicciones siguen siendo responsables del sostén de la
totalidad del sistema restante.
Destinar 60.196 millones de pesos al Ministerio de Educación y
96.272 millones a deuda pública es una vergüenza. El Congreso de la Nación debe rechazar este proyecto y votar pasar de
aportar el 1,2% previsto a por lo menos el 3 % del PBI para educación, es
decir: 150.000 millones de pesos. El plan debe contemplar la meta inmediata a
cargo del estado nacional de llegar al 8% del PBI como plantean los organismos
internacionales y al 10% en una meta cercana de 5 años.
Además debe modificar su destino. Nación debe asumir en lo
inmediato, por lo menos el 50% del mantenimiento de la educación de las
provincias, como paso transitorio hacia la renacionalización del modelo de
financiamiento de la educación, con el propósito de superar la desigualdad y
fragmentación actual del derecho a la educación.
A su vez debe suprimirse el subsidio a la educación privada de
nación y de todas las jurisdicciones, incorporar esos fondos a la educación
pública, en el camino a unificar el sistema en uno solo, con reconocimiento de
los derechos laborales a los docentes privados de las escuelas que cierren,
quienes pasarán a integrarse a las plantas funcionales de las escuelas del
estado.
De este modo, se podrían recomponer
los salarios docentes y no docentes, al menos al costo de vida en curso,
afrontar los gastos de infraestructura de las escuelas y aumentar las partidas para comedores
escolares para no seguir siendo cómplices de las actuales dietas que desnutren
a nuestra infancia.
En perspectiva, el aumento
del financiamiento debería servir para reformular la jornada laboral de modo de
tener un tercio del tiempo extra-clase para que incluya tiempo para la formación docente continua, preparar las
clases, apoyar a los niños con dificultades, atender a las familias, realizar
trabajo colaborativo entre pares, evaluar la tarea a nivel de ciclos e
instituciones. Este diseño del trabajo docente existe en muchos países del
mundo. Baste comparar que mientras un
docente del nivel medio trabaja un promedio de 45 horas de clase semanales, la
semana laboral en países europeos es la mitad de esas horas de clase y el resto
para trabajo extra clase. Además, se podría establecer una relación docente
alumno de 1 a 20, en lugar de aulas con 38 o 45 alumnos como existe en algunas
provincias como Misiones, Tierra del Fuego o Provincia de Bs As. Con estas mejores condiciones de trabajo, y
mejores salarios, no dudamos, mejoraría la educación en nuestro país.
Plata hay
Para aumentar los fondos a educación, se requiere otra política
económica. Todo lo planteado por la Presidente,
cuando refiere a educación va en la dirección contraria. Reafirma el curso
hacia las recetas clásicas que buscan descargar el peso de la crisis sobre los
trabajadores.
Oficialismo y oposición, en la nación y en las provincias, dicen
que no hay plata. Sin embargo, plata
hay. Baste recordar que las grandes empresas la ganaron en “pala” según la
propia presidente. Señalemos el caso de los bancos donde la especulación
financiera no está gravada y por ejemplo en el 2013, el Banco Macro obtuvo 1.776 millones
de pesos de ganancias, el Santander
1.864.5 millones o el Galicia y el Francés más de 1.300 millones. O que la
financiación del pago de YPF (5.000 millones de dólares) se hará al cuádruple
de la tasa de interés en el mundo, entre otros casos. O que en el arreglo con el Club de París
aceptó punitorios por casi 4.500 millones de dólares más de lo adeudado. O que en el 2014 y 2015 los pagos de la deuda
externa superan llegan casi al doble de lo que se destinó a educación desde el
gobierno nacional.
De este modo, nuestra propuesta es absolutamente viable: Que el Congreso vote el 3% del PBI: 150.000
millones en el 2015 para todos los niveles de la educación, de modo de llegar al 8%
del PBI. La meta debe ser 10% en 5 años.
Setiembre 2014
[1] En 1991
Cavallo acordó con el FMI el Plan Brady para pagar la deuda externa por el cual
el estado nacional dejaba de ser responsable del financiamiento de la educación
que pasaba a las provincias.
[2] Cifra en negro heredada de la Carpa
Blanca de los 90 que representa aproximadamente el 5% del salario docente)
[4] Por ejemplo Jujuy destinaba 42% , Prov.
de Bs As destina 38% aproximadamente de su presupuesto a educación mientras que
CaBA ronda el 22% para el 2014. El promedio nacional es de 30% Ver Informe
Financiamiento de CIPPEC 2011 y presupuestos del 2014.
[5] Ver
Informe de SUTEBA Matanza. Provincia de Bs As, que representa el 40% del
sistema educativo nacional destinaba 6,3$ al almuerzo y merienda de cada niño
en junio del 2014. Muchas escuelas no garantizan una copa de leche por día y
las dietas son a base de polenta, fideo y arroz.
[7] Ver
Derechos Social a la educación en la Provincia de Córdoba 2003-2013. Córdoba,
Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. UEPEC,
2014
[8] Ver http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dgegp/
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