La
cuestión del presupuesto nacional para educación 2013:
Sigue vigente el
modelo de los 90
Laura Marrone[1]
Cuando se aprobó la
Ley del Presupuesto Nacional 2013 en noviembre de este año, poco se dijo sobre educación. El hábil discurso de la Sra.
Presidente y la colaboración silenciosa de CTERA ha dejado flotando la sensación de que en los últimos años el
aumento a educación es sustancial y que, el reclamo docente es, esta vez, un injusto y corporativo. Durante el año que pasó
pocos gremios sufrieron tantos ataques
de la Presidencia de la Nación como lo fue la docencia.
En cada
jurisdicción, en cambio, hubo
cuestionamientos a la distribución de los presupuestos locales para educación
que, en general, fueron inferiores a la
inflación. A tal propósito, colaboraron
las direcciones sindicales locales afines a la dirección de CTERA que operan
contra algunos gobiernos locales según
sean sus vínculos con el Gobierno Nacional.
Sin embargo, discutir la cuestión del financiamiento educativo en los
marcos de cada jurisdicción, sin mirar lo que ocurre con el presupuesto
educativo nacional, es esquivar los problemas. El derecho a la educación es responsabilidad tanto de los Gobiernos
jurisdiccionales como de la Nación.
La existencia de un
Ministerio Nacional sin escuelas, que solo destina fondos para las
universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las
políticas educativas centralizadas, es una herencia de las reformas
neoliberales de los 90 que la nueva Ley de Educación Nacional Nº 26206
(2006) no modificó. La transferencia de
escuelas medias a las jurisdicciones en
el año 92 completó el ciclo iniciado por la Dictadura en el 78 que transfirió
las escuelas primarias. De este modo, el
estado nacional se ajustó al diseño del FMI que exigía que éste se
desentendiera del financiamiento
educativo para así poder pagar la deuda externa.
Ese esquema continúa aún hoy. Cuando la
Presidenta habla de que se llegó al 6,4%[2]
del PBI para educación, superando la meta propuesta del 6% para el 2010, olvida
decir que no lo aporta Nación ya que ésta sólo destinó 5,7% de su presupuesto al sistema educativo
formal que maneja el Ministerio de
Educación en el 2012 y que
aportaría solo 5,5% en el 2013[3].
Estos montos rondan apenas el 1,45% del
PBI. Si hablamos de fondos destinados por la Nación a la finalidad educación,
lo que incluye lo destinado por cada ministerio nacional a educación (planes de
capacitación de personal, cursos de formación profesional que organiza
Ministerio de Trabajo y los sindicatos afines, entre otros), el monto asciende a poco más del 2,2%.del PBI[4].
Si consideramos que la inflación está subestimada ya que se prevé poco más del 10,8 % en la nueva Ley de Presupuesto y que,
en términos porcentuales, hay una
reducción del 0,2% para educación, en el 2013 habrá menos plata para educación
desde el Gobierno nacional.
En el 2006, antes de
la nueva Ley de Educación, el G.E.C.
(Gasto Educativo Consolidado: Nación + Jurisdicciones) se repartía de la
siguiente manera: 26% lo aportaba la Nación y 74% las provincias y C.a.B.A. La
Ley de Financiamiento anunció que modificaría esta relación para el 2010, haciendo que Nación aportara el 40% y las
provincias y capital, el 60%. No se cumplió.
En el 2012 Nación aportó el 30% y las jurisdicciones siguen siendo las
que deben sostener la educación con el 70%.
Esto lleva a
situaciones de enorme desigualdad de hasta 1 a $ 5 por alumna/o según el lugar
de residencia. Por ejemplo, Provincia de Bs As destina hasta 38% de su
presupuesto a Educación y Jujuy el 43,8%! A pesar de este esfuerzo en estas provincias,
sin embargo, la inversión por alumna/o
en el 2010 fue de las más bajas, después de Salta, las más baja: $3,276.
Provincia de Bs As destinó apenas $6.520 en tanto que Ciudad de Bs As, al otro lado dela General Paz, invirtió $10682 aunque con
un esfuerzo financiero menor: apenas 27% de su presupuesto para educación ese
mismo año[5].(ver
Gráfico 1)
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Gráfico 1
Fuente: Elaboración propia en
base a datos de CIPPEC tomados de CGECSE y
DINIIECE
Pero además de la
desigualdad en el cumplimiento del derecho que significa que cada estudiante,
reciba diferente inversión en educación según los recursos de su lugar de
residencia, persiste el problema del
monto total. Si medimos en términos de porcentaje del G.E.C., en el 2004 se
invirtió el 13,8%, casi lo mismo que hace 50 años: 14%. (ver Gráfico 2) O sea
que, a pesar de la extensión del sistema, el incremento de la matrícula y el
aumento de los años de escolaridad, se
destina casi la misma proporción de los recursos fiscales totales del país, lo
que significa que por alumna/o, salario docente, gastos edilicios o de material
son menores en proporción. Posteriormente al 2004 la inversión por alumno solo
aumentó el 10%[6].
Gráfico 2
Fuente: Elaboración
propia en base a datos de CIPPEC
Si nos atenemos al
porcentaje del PBI, lo que siempre resulta dificultoso pues depende de
criterios diversos de medición,
observamos que durante el gobierno de De La Rúa, se invirtió 4,9% del
PBI. Dado que estamos en 6,4%, resulta que sólo aumentó el 1,5%. (ver Gráfico 3). Pero
además de que el incremento es
bastante menor de lo que los medios oficiales y la propia Presidente
pregonan, la cifra sigue sin alcanzar. Brasil se plantea llegar al 10% del PBI
en los próximos años, en tanto que Argentina no habla de mejorar. Incluso se
reduce pues solo aumenta 18,5% en valores nominales respecto del 2012, por
debajo de la inflación estimada en 24%.
Por su parte UTE-CTERA
sólo reclama en Ciudad de Bs As que Macri aumente de 27 a 30% lo destinado a educación. Su política de
cogobierno con la Nación la lleva a no cuestionar la miseria del 5,5% del
presupuesto para el 2013 y acomoda el
reclamo en Capital a lo que ya existe en el país: 30% promedio de los
presupuestos provinciales. ¿Qué queda para Jujuy o Bs As que superan
ampliamente ese porcentaje?
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Gráfico 3
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIPPEC
Esta lectura de la
cuestión estadística no hace sino confirmar lo que cada docente vive y siente
en su escuela y en su bolsillo. Por eso, a 6 años de la Ley de Educación
Nacional y de finalización de la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo
(metas 2010), es necesario reabrir el debate sobre la cuestión del presupuesto
de la educación.
Necesitamos derogar
el actual sistema de financiación. El Estado
nacional tiene que volver a hacerse responsable de la educación en todos sus niveles
y no sólo en el universitario. El G.E.C. debe ser producto de un esfuerzo
compartido entre la nación y las jurisdicciones
al menos en partes iguales. Al mismo tiempo se debe exigir el incremento del monto total
llegando al 25% del G.E.C. o al 10% del PBI. En ambos casos estaríamos logrando
aproximadamente 40% de aumento del presupuesto para educación, y recomponiendo la igualdad del Derecho a la
educación en todo el país. Al mismo tiempo, se debe señalar de donde sacar
estos mayores fondos. Es menester replantear la política impositiva de modo que
se incrementan los impuestos a las
grandes empresas, y se deje de pagar la
usura de la deuda externa.
Bs As, 23 de diciembre
de 2012
[1]
Docente. Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys (Asociación Docente Ciudad
de Bs As)
[2]
6,2% según otras fuentes como CIPPEC
[3]
Ver Proyecto de Presupuesto Nacional 2013. Pág. 100
[4]
Nótese que estos fondos son casi la
mitad de lo que maneja el propio Ministerio de Educación, una cifra récord por
fuera de cualquier concurso público docente y regulación desde el Ministerio de
Educación.
[6]
CIPPEC. Monitoreo de Financiamiento educativo en base a datos de Mecon
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